386 localidades de las 388 de Extremadura tienen alguna de las 39.246 viviendas en suelo no urbanizable con las que cuenta la región, de las que la gran mayoría se han construido de forma irregular, según una tesis doctoral defendida hoy en la Universidad de Extremadura.

Se trata del catálogo presente en la investigación del geógrafo Víctor Jiménez Barrado, de 29 años, titulada 'Urbanizaciones ilegales en Extremadura. La proliferación de viviendas en el Suelo No Urbanizable durante el periodo democrático', de más de 700 páginas.

Su autor ha explicado que de las 386 localidades, destacan las ciudades con mayor población y la zona del norte de Extremadura, por los "recursos turísticos que tiene".

Así, el municipio pacense de Don Benito es el lugar con más viviendas de este tipo (1.730), mientras que Cáceres ocupa el segundo lugar seguido de Badajoz, superando ambas el millar de este tipo de construcciones.

"Se pueden construir porque nadie hace nada. Hay una inacción administrativa clara y debemos cambiar eso, debemos constituir un cuerpo territorial técnico y de carácter autonómico que resuelva y de validez a lo que está escrito en ley", ha subrayado el autor de la tesis.

Asimismo, Jiménez ha señalado que en terreno no urbanizable hay "modos de construir legalmente", sin embargo, los requisitos son "mucho más severos que en suelo urbano", a través de expedientes de calificación y la posterior licencia.

Por parte de las administraciones locales, a su juicio, hay actuaciones "anecdóticas", aunque, para Jiménez, hay que separar de la política este asunto y llevarlo a lo técnico.

"Los políticos tienen un freno, sobre todo en los pequeños municipios, porque si derriban una vivienda puede tener una implicación en los procesos electorales", ha dicho, en este sentido.

La proliferación de estas viviendas se produjo, según Jiménez, a partir de la Ley del Suelo en Extremadura, en 2002, aunque se venía aumentando desde la ley estatal del 1998, inicio del" boom inmobiliario español", que en esta tesis "se demuestra que afectó también a suelo no urbanizable, no solo terreno urbano y urbanizable".

Así, ha abogado por tener un plan de legalización para los propietarios y un plan de derribo, que los técnicos sean los que decidan, puesto que "algunas viviendas tendrán que ser demolidas porque ocupen espacios que supongan un riesgo incluso para los propietarios y otras tendrán que ser legalizadas".

Por su parte, el director de la tesis, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Filosofía y Letras Antonio José Campesino Fernández ha alabado la metodología "innovadora" utilizada.

Se han usado sistemas de información geográfica, ortofotos, catastros.. y se estuvo "en contacto" con todas las administraciones competentes en el tema, Seprona, Fiscalía de Delitos Urbanísticos o Dirección General de Urbanismo.

En la defensa de la tesis han estado presentes autoridades militares y civiles, como la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno, quien ha recordado que ayer superó su debate a la totalidad en la Asamblea regional la nueva Ley de Ordenación Territorial Urbanística y Sostenible de Extremadura.

A su juicio, es un texto "innovador y necesario" por el "cambio de paradigma en la construcción", que se espera aprobar antes de finales de año.

Por su parte, Campesino ha mostrado su deseo de que esta ley sea el instrumento que defina el nuevo modelo territorial y dé solución a cada uno de los ayuntamientos "porque los problemas son comunes pero las soluciones son específicas".