Entre papeles para todos y que seres humanos mueran por miles en el Mediterráneo hay un término medio. ¿No les parece?», fue la manifestación en redes sociales del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como respuesta a las palabras lanzadas por el nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien aseguró el domingo: «No es posible que haya papeles para todos».
La declaración de Vara vino a ser el resumen de la postura que se quiere enviar desde Extremadura con respecto a la política de acogida de migrantes del Gobierno central: respaldo y apoyo. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, aseguró ayer: «El papel de las comunidades autónomas es colaborar, especialmente en un momento de dificultad, en una situación de emergencia para atender a seres humanos». Pero al mismo tiempo también subrayó que la política migratoria precisa «de una respuesta de la Unión Europea».
Desde el pasado viernes, 120 ciudadanos africanos (de una veintena diferente de nacionalidades) son atendidos en el albergue juvenil de Mérida, que funciona como Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) después de que Andalucía se viera desbordada por la llegada de pateras. Entre los residentes hay tres bebés, dos de los cuales se pensó que llegaban huérfanos pero posteriormente se comprobó que sí estaban acompañados.
Desde Cruz Roja, encargada de este operativo (con la colaboración de la Junta y la delegación del Gobierno), ya han comenzado las labores de búsqueda y localización de familiares y amigos. Los que no tengan ningún contacto podrían ser derivados a pisos de acogida.
¿Y AHORA QUÉ? / Hoy se cumple el quinto día de la llegada de estas personas migrantes. En teoría, el plazo inicial en este centro temporal iba a ser de entre tres y cinco jornadas de alojamiento y manutención, así como acceso a internet de forma limitada para contactar y localizar a sus familiares; Mérida solo significa una etapa en su viaje.
Pero ni desde Cruz Roja ni desde la Junta de Extremadura informaron ayer de hasta cuándo se extenderá la estancia ni cuántas personas podrían desplazarse desde la capital emeritense.
En cuanto a su futuro cercano, el precedente está en el barco Aquarius: en ese caso el Gobierno central decretó un periodo de permisividad de 45 días en territorio español para que estas personas pudieran regularizar su situación.
El año pasado en las costas andaluzas se atendió a más de 24.000 personas y se acogió a más de 16.000. En lo que va de 2018, las cifras son de 22.000 y de 14.000, respectivamente.
