El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y representantes de ocho comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, ninguna de ellas gobernadas por el PP, firmaron hoy un convenio para elaborar un mapa de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo , previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 que, en palabras de titular de Justicia, permitirá a los familiares de represaliados conocer la ubicación de los restos y, a la sociedad en su conjunto, "reflexionar sobre el horror de las guerras y las dictaduras".
A la firma del acuerdo, que fue suscrito en la sede del ministerio en Madrid, acudieron el viceconsejero de Justicia del País Vasco, José Manuel Finez; el secretario general de Relaciones Institucionales de Cataluña, Joan Boada; el viceconsejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Ortiz; la consejera de Bienestar Social y Vivienda de Asturias, Noemí Martín; la vicepresidenta del Consejo de Gobierno cántabro, Dolores Gorostiaga; las consejeras de Cultura de Aragón, María Victoria Broto, y Extremadura, Leonor Flores, respectivamente; y el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, José Valverde.
El ministro señala que tiene constancia de que algunas de las regiones del PP "están trabajando" en este asunto, aunque no concreta cuáles, si bien el Gobierno se ha adelantado porque debía responder ya ante los requerimientos del Parlamento respecto a este asunto.
"Este mapa incluirá toda la geografía del Estado, y se irán incorporando todas las comunidades en función de sus tareas -dijo el ministro-. Donde había comunidades con un material muy maduro se ha decidido incorporarlo, para que poco a poco se pueda ir consultando, y otras comunidades nos lo irán dando para incorporarlo progresivamente, pero había unas más avanzadas que otras".
En los convenios, se establece la colaboración de las administraciones autonómicas firmantes para la aportación de datos al citado mapa, previsto en el artículo 12 de la Ley de Memoria, y que podrán consultar todos los ciudadanos que lo deseen, según concreta Caamaño. "Estamos ante un claro ejemplo de cooperación institucional -dijo el titular de Justicia-, porque las Cortes así lo han querido". Añadió que espera que las comunidades que aún no han firmado este documento lo hagan "lo antes posible".
El ministro destaca que, por primera vez en nuestra democracia, se podrá plasmar "la realidad de nuestra historia relativamente reciente", mediante la ubicación de los lugares donde hay restos de víctimas, en muchos casos desconocidas, pero otras cuyas familias "conocían su paradero, pero tuvieron que guardarlo en silencio".
Así, recuerda que los restos que se hayan en las fosas son los de personas que "perdieron injustamente su vida por defender la libertad y la forma de vivir que hoy es el modo de ser de la España democrática".
El mapa será, además, un "instrumento vivo, dispuesto a crecer" con las diferentes aportaciones que se vayan realizando, y en este sentido destacó la labor desarrollada por las asociaciones de Memoria Histórica, que para este fin han sido subvencionadas en los últimos años con 14 millones de euros. Un 27 por ciento de este presupuesto se ha destinado a la localización de enterramientos.
"España apuesta por la conciliación, por la tolerancia y por la convivencia pacífica", afirma.
Finalmente, Caamaño apunta que su ministerio ha aprobado un total de 437 declaraciones individuales de reconocimiento de daños a represaliados del franquismo y ha reconocido la nacionalidad española a 74.000 personas descendientes de exiliados, además de a otros 25 que lucharon en las Brigadas Internacionales.
