La Junta de Extremadura recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto que recorta las ayudas a las plantas de energía solar fotovoltaica. Así lo acordó ayer durante la reunión de su Consejo de Gobierno, con lo que la región se convertirá en la tercera comunidad autónoma (tras Murcia y Comunidad Valenciana) que acude al Alto Tribunal para solicitar la anulación de esta normativa, que considera muy perjudicial para los intereses de las instalaciones extremeñas.
Los servicios jurídicos de la Junta ya trabajan en la elaboración del recurso que presentarán en el Constitucional contra la disposición transitoria del Real Decreto Ley 14/2010, que establecía medidas urgentes para intentar corregir el déficit tarifario del sector eléctrico español. Tienen hasta el sábado, día que termina el plazo legal establecido.
El recurso no es contra todo el real decreto, sino solo contra su disposición transitoria. Este punto de la ley reduce a 1.707 el número máximo de horas de producción energética subvencionable para todos los parques solares del país durante los años 2011, 2012 y 2013. A partir de esa fecha, habrá una tramificación por zonas según las horas de sol de cada región. El problema es que durante este trienio el criterio es el mismo para todo el país, lo que perjudica a las comunidades de la mitad sur de la península, como Extremadura, que dispone de una media de 2.367 horas de radiación. Por tanto el decreto implica recortar hasta en un 30% el tiempo de producción subvencionable de energía para los plantas situadas en territorio extremeño.
El sector estima que, con este ajuste, deja de ingresar 140 millones de euros al año hasta 2013, dada la limitación que supone para los 305 parques fotovoltaicos existentes en la región.
"GRAVEMENTE PERJUDICADA"
En estos "perjuicios económicos" fundamentó ayer la Junta su decisión, aunque el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, redujo las pérdidas a 70 millones de euros anuales. Tras el consejo de Gobierno, el consejero criticó que el real decreto aplique el mismo criterio de 1.707 horas a todas las comunidades autónomas, cuando hay algunas que tienen muchas más horas de sol que otras (Extremadura está entre las de cabeza). "La región se siente gravemente perjudicada", resumió.
La Junta tiene hasta el próximo sábado para presentar el recurso. Una vez que sea admitido por el Tribunal Constitucional, se notificará al Congreso, al Senado y al Gobierno, que podrán presentar alegaciones en el plazo de 15 días.
El Ejecutivo tiene bastantes garantías de que el recurso será admitido por el Constitucional, dado que el Alto Tribunal ya aceptó los presentados por los gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana contra este mismo decreto en el mes de marzo. Además, la Junta cuenta con un informe de su Dirección General de Servicios Jurídicos que avala que hay fundamentos para interponer el recurso. Igualmente, la Administración tiene el respaldo del Consejo Consultivo de Extremadura, que dictaminó que el recurso era viable.
NEGOCIACIÓN FALLIDA
Antes de adoptar esta decisión, la comunidad autónoma ha agotado todos los plazos legales para tratar de resolver este asunto a través de un acuerdo con el Gobierno central. Para ello se creó una Comisión bilateral entre ambas Administraciones que no ha fructificado. Según la Junta, el último encuentro del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y el Gobierno extremeño se produjo el jueves, sin que se alcanzase una solución satisfactoria para los intereses de la comunidad. En concreto el Ejecutivo regional pedía la derogación de la controvertida disposición transitoria.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno ayer ha sido valorado positivamente por el sector de las energías renovables en la región. Antonio Rosa, presidente del Cluster de la Energía en Extremadura, mostró su "satisfacción" y calificó la disposición transitoria del real decreto como "injusta e ilegal". "No solo en lo económico, también por lo que supone de agravio comparativo con otras regiones", explicó Rosa.
