El pasado viernes el Consejo de Ministro dio luz verde a un decreto que supondrá la perdida de 200 millones anuales para empresas e inversores instalados en la región. Se trata del recorte de las primas a las energías renovables, tanto a los nuevos proyectos como a los que ya están en marcha, lo que supone una medida perjudicial para Extremadura y contra la que el Gobierno regional ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, que se suma a otros cuatro interpuestos en materia energética. Mientras, el Ejecutivo central ha aprobado una nueva regulación sin diálogo pese a las críticas del sector y de su propio partido.
En concreto, el Gobierno aprobó el viernes el real decreto que fija un nuevo esquema de retribuciones para las energías renovables, cogeneración y residuos --denominado régimen especial--, que supondrá un recorte total de 1.700 millones este año. El objetivo de esta norma es "dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector", explicó tras el Consejo el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El nuevo sistema para las renovables, que sustituye al de primas, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable vinculada a la evolución de la deuda pública para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay algunas que dejarán de recibir retribución adicional. El año pasado, las primas a este régimen sumaron 9.000 millones, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo.
Esta reducción, cercena la seguridad jurídica de los inversores e intenta acabar con estas empresas, denuncia el sector. Una crítica compartida por el Gobierno regional y por los partidos de la oposición. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, cifró ayer en 200 millones el recorte para inversores y empresas renovables en la región y criticó duramente la actuación del ministerio sin hablar con las comunidades ni el sector. "Hemos dicho muchas veces que sí hay que adoptar medidas para atajar el insoportable déficit tarifario, 26.000 millones, pero no de la forma que lo está haciendo el ministerio", dijo.
PROTECCION El diálogo en esta cuestión serviría, según Echávarri, para dar "protección jurídica" a los inversores y tranquilidad porque "vamos a poner en riesgo las inversiones en España y también en Extremadura". Hay que recordar que Extremadura es una potencia en el sector de energías renovables --con varias termosolares y fotovoltaicas en marcha--, que "se ha quedado un poco paralizado", según el consejero. Por ello la Junta mantiene cinco recursos de inconstitucionalidad en contra de las decisiones energéticas, incluido uno contra el decreto aprobado el viernes por el recorte a las primas, en trámite.
Como el consejero, la oposición también reaccionó ayer. El secretario general del PSOE Guillermo Fernández Vara, culpó al presidente regional, José Antonio Monago, de que "Extremadura vuelve a perder" con la nueva reforma energética. Para el socialista no es suficiente con presentar recursos ante el Constitucional, sino que es necesario tomar medidas para evitar que se aprueben normas de este tipo. "Si Monago pintara algo esa ley no se habría aprobado", indicó Vara al tiempo que le preguntó al presidente si ha recibido muchas llamadas de inversores intranquilos. Recordó que hay empresas que han invertido en sus proyectos en la región más de 7 millones de euros y ahora se quedan en una situación de inseguridad.
Por su parte, la portavoz del PP, Francisca Rosa, manifiestó el mismo rechazo que el Gobierno regional y aseguró que respalda todas las medidas que ponga en marcha para paliar "los efectos perjudiciales". Afirmó que Monago es un presidente "reivindicativo" al que sí escuchan en Madrid y el que mejor defiende los intereses regionales".
Desde IU, el coordinador, Pedro Escobar, señaló que el decreto solo aumenta el "caos" de este sector estratégico. Según el dirigente "es necesario un pacto nacional que aclare cuál es el 'mix energético' que necesitamos, qué papel va a jugar ahí el carbón, la energía nuclear, las energías renovables y qué tipo de renovables; y hasta que eso no se aclare, cualquier medida parcial es complicar más las cosas, crear incertidumbre con un efecto inmediato".
También el delegado del Gobierno, Germán López Iglesias, reconoció ayer que a la comunidad le viene "fatal" el nuevo decreto, pero "sus razones tendrá el ministerio", agregó al recordar que el déficit de tarifa es de 40.000 millones.
Por su parte, Damián Beneyto, de Prex-Crex, hizo ayer un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la región para dar "un puñetazo encima de la mesa" y decir al Gobierno central que "ya está bien" de perjudicar a Extremadura en materia de energías renovables y pidió de nuevo la dimisión del ministro, José Manuel Soria.
