El Gobierno de Extremadura ha elaborado un estudio en el que ha analizado la repercusión que tendría la aplicación del principio de ordinalidad en la financiación autonómica asumido por el PSOE en el que advierte de que la región perdería entre 480 y 610 millones de euros respecto al actual modelo.

Según este informe, que hoy ha presentado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, la ordinalidad "quiebra el principio de solidaridad" entre los territorios recogido en la Constitución y supondría que cuatro comunidades obtengan más recursos, en concreto (Madrid, 4.043 millones más, Cataluña, 1.518 millones más, Baleares, 304 millones más y Canarias, 267 millones más) frente al resto que perderían dinero.