Extremadura suspende en la aplicación de la Ley de la Dependencia con un 3,6. Es la nota que otorga a la región el último dictamen del Observatorio de la Dependencia a cierre de 2015. Como Extremadura, hay otras once comunidades españolas que no consiguen aprobar mientras otras seis superan el 5. Son Castilla y León (con un 8,6), Andalucía (7,5), País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7), esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace 9 años. Hace un año este mismo estudio concedía a Extremadura la cuarta mejor nota del país, un 6,7, la puntuación más alta que ha alcanzado la región desde que se publica el informe.
El estudio difundido ayer revela que uno de cada tres dependientes reconocidos, en concreto 384.326 de 1,2 millones, no recibe prestación o servicio alguno, y denuncia que más de 125.000 personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibirlas. En España hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 por ciento de la población, con datos de 31 de diciembre de 2015, explica el observatorio.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha cuantificado en 2.865 millones el recorte acumulado durante la última legislatura "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares". El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20% sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central.
"El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las comunidades", denuncia el observatorio, que señala que la realidad es que el 62% lo aportan las autonomías, el 20% los usuarios y el 18% la Administración central.
El dictamen señala que si se atendiera a las 384.326 personas que están en lista de espera se generarían más de 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año. En este sentido, recuerda que hay 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia a finales de 2015. "Es rentable cumplir la ley, además de un derecho".
El informe alerta de que si no se reponen los recortes y se establece una financiación "seria" de la dependencia, que no dependa del Ministerio de Sanidad, "es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".
