Los empleados públicos extremeños son los que perciben menores pagas entre todos funcionarios españoles, conforme a los datos de un reciente estudio hecho público por el Banco de España. La brecha salarial con el resto de comunidades autónomas del Estado llega a ser hasta de un 44% si se compara con el salario promedio que se embolsa un trabajador de cualquier Administración en Euskadi.

Los 20.135 euros anuales que percibe un extremeño quedan muy lejos de los 29.285 que se embolsa un vasco, pero también de los 28.866 de un madrileño (42% menos) o de los 28.192 (-38,7%) pagados a un navarro.

AVANCE LENTO Los datos con los que se ha confeccionado el informe abarcan el periodo comprendido entre los años 1995 y 2002, lo que permite apreciar que la divergencia entre las comunidades va decreciendo, si bien es cierto que lo hace a un ritmo muy lento. En el año 1995, por ejemplo, un funcionario vasco ganaba un 49,7% más que un extremeño. Es decir, en ocho años apenas se han recortado algo más de cinco puntos y medio de diferencia. Y eso a pesar de que en este lapso de tiempo la remuneración de un trabajador público ha crecido en Extremadura casi en un tercio (31,3%).

En cualquier caso, el trabajo del Banco de España no determina si a la hora de cotejar las cifras se han tenido en cuenta las diferencias que se registran en el nivel de vida entre los ciudadanos de las distintas autonomías.

Otra conclusión que pone de manifiesto el estudio de la entidad emisora es que, por lo general, los trabajadores privados están mejor remunerados que los públicos (un 44% más de media en España), diferencia que es mayor en las mujeres que en los hombres y que se reduce significativamente tanto en el caso de los altos cargos como en el de los puestos que requieren una mayor cualificación. Sin embargo, la distancia existente entre los sectores público y privados de la región es, proporcionalmente, la segunda menor del país, con un 30,9%, sólo por delante de La Rioja (23,6%).

Por otro lado, los expertos del Banco de España subrayan el efecto favorable que ha tenido el traspaso de competencias del Estado a las autonomías para los sueldos públicos. Para ello pone los ejemplos de los sistemas de salud y educación. En el primero de los casos --menos significativo para Extremadura, ya que la Junta no asumió las transferencias hasta el 2002, último año incluido en el estudio--, la diferencia media anual a favor de la Administración fue del 12%, mientras que en el de la educación, la brecha ha pasado del 23,5%, antes de las competencias, al 38,2% de después.