La Consejería de Economía e Infraestructuras revocó en abril de 2016 la declaración de Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja como zonas de gran afluencia turística (ZGAT). Con las cuatro resoluciones que recogía el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en este sentido, se ponía fin a la apertura de las tiendas todos los primeros domingos de mes y se volvía al anterior sistema de apertura de festivos de 16 días al año a solo diez.
El Gobierno regional adoptaba esta decisión tras la celebración de un Consejo Regional de Comercio, donde diez de sus miembros se pronunciaron a favor de suprimir esta declaración, aprobada en el año 2013 por el Ejecutivo autonómico anterior comandado por el PP, frente a uno que estaba en contra, el representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
Los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz recurrieron esta decisión. En el caso cacereño, el consistorio basó su recurso en la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, al considerar que llevaba implícita la declaración de zona de afluencia turística. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó sentencia el 30 de marzo de 2017 resolviendo a favor de la Junta, pero el ayuntamiento cacereño presentó un recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de julio estimó los argumentos del consistorio y anuló la resolución administrativa que emitió en su día la Consejería de Economía e Infraestructuras y la sentencia del Tsjex.
El Supremo también le dio la razón al Ayuntamiento de Badajoz y, en este caso, se tuvo en cuenta que se trata de un «área de influencia fronteriza cuyo principal atractivo es el turismo de compras». La Junta, por su parte, optó por «acatar» la sentencia y aplicarla.
