Las alusiones del texto a la deuda histórica no explicitan ninguna cantidad sobre el montante global, pero sí pone sobre la mesa que el peso de la extensión territorial de la región sobre la del conjunto del país debe utilizarse como criterio para calcular la cantidad final de las actuaciones. Los expertos encargados de diseñar el nuevo estatuto sugieren asimismo la introducción de una serie de requisitos en el sistema nacional de financiación autonómica con el objetivo de elevar la riqueza de Extremadura a los valores medios del conjunto de la comunidades autónomas. Entre los cambios introducidos, se insta al Gobierno a garantizar los recursos necesarios para que la región pueda prestar todos los servicios y competencias asumidas "en condiciones de igualdad" con el resto de territorios del país, para lo cual se solicita que se tengan en cuenta condicionantes como la baja densidad de población, el nivel de renta inferior de sus ciudadanos, y otras variables como "la distancia y el tiempo de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos asumidos".
A diferencia de otras reformas estatutarias, el nuevo texto se aleja de polémicas territoriales, definiendo a Extremadura como una comunidad autónoma que "ejerce su autogobierno" en el marco de lo establecido por la Constitución, "dentro de la nación española", y que tiene como elementos que la diferenciadores su baja densidad de población, la calidad de su medio ambiente y sus "condicionantes históricos". En esta línea, el nuevo texto retoma el concepto de deuda histórica en una disposición adicional en la que se refiere a la "desigualdad de las dotaciones de capital público" durante los primeros años de proceso de descentralización en España, condicionando así el desarrollo económico y social de la región.
