La Fiscalía de Badajoz ha instado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, «el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas, en tanto que los hechos objeto de querella criminal e investigados, no revisten entidad penal». Dicho escrito se refiere a la causa abierta por una querella de la Unión de Extremadura contra la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, que la acusó de prevaricación administrativa por los cambios introducidos en el itinerario de una tractorada que se desarrolló en Mérida, el 19 de diciembre pasado.
La marcha se celebró con algunas restricciones en el centro de la ciudad, por la dificultad en el tráfico y para evacuar la zona en caso de necesidad, según García Seco. La delegada declaró el pasado lunes tras la secretaria general de La Unión, Florentina Mirón.
El fiscal concluye que «lo denunciado se refiere a cuestiones de legalidad ordinaria administrativa, ya resueltas ante aquel orden jurisdiccional», y que «las pretendidas irregularidades expuestas no serían de suficiente entidad para desprenderse la comisión de un delito de prevaricación administrativa, o el especial de coacciones contra el ejercicio de derechos fundamentales. Controversia que tendría vía distinta a la penal».
