Francisco Buenavista García, presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura: "Hay ayuntamientos con superávit que han tenido que dejar de prestar servicios"

--¿Qué metas se plantea al frente de la Fempex?

--Ya dijimos en la asamblea en la que se eligió nueva ejecutiva y presidente de la Fempex que nuestro objetivo pasa por hacer de la federación una herramienta mucho más útil para los ayuntamientos de Extremadura. Que estos comprendan que a través de ella se puede transmitir a otras instancias de Gobierno cuáles son nuestras principales inquietudes y, sobre todo, nuestras aportaciones para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos que, al fin y al cabo, es el objetivo que nos une a las demás administraciones. Nadie mejor que los alcaldes y los ayuntamientos conocemos los problemas de nuestros ciudadanos porque los recibimos a diario. Es importante que la Administración autonómica y la estatal tengan en cuenta, siempre que vayan a tomar alguna medida de gobierno destinada al mundo local, cuál es la opinión de los ayuntamientos y de los alcaldes a ese respecto. El presidente extremeño, en esa misma asamblea, ya dejó claro el compromiso del Gobierno autonómico de que eso iba a ser así, de que no iba a salir nada de la Junta de Extremadura relacionado con el ámbito local que no fuese consultado previamente con la Fempex. Tenemos que colaborar todos en la misma dirección.

Además, los municipios tenemos que establecer las líneas de actuación común en políticas muy concretas para que luego esos planteamientos sean elevados a otras administraciones que, al fin y al cabo, son las que tienen capacidad legislativa en esta materia. Al final los ayuntamientos somos el último eslabón de una cadena a los que les llegan decisiones tomadas por la Administración autonómica o la estatal, que son las que verdaderamente tienen capacidad legislativa y de actuación en muchas materias. Ya que no tenemos esas competencias, al menos que sí se tenga claro cuál es la postura de los ayuntamientos respecto a temas que luego van a incidir directamente en nuestros ayuntamientos.

--¿Y hay unidad en el seno de la Fempex para acordar esas posturas?

--Siempre ha sido así. En la última asamblea general celebrada en diciembre la ejecutiva se eligió por unanimidad. Aunque, lógicamente, se respetó la mayoría socialista que habían arrojado las urnas, se dio cabida tanto al Partido Popular como a IU y Extremeños, que tenían también algunas alcaldías. Evidentemente habrá algunos temas de confrontación pero esperamos, y aspiramos, a que tal y como ha venido siendo hasta ahora podamos sacar conclusiones en común.

--¿Cuáles son los problemas más graves que se ha encontrado encima de la mesa y que afectan a los municipios extremeños?

--Vienen determinados fundamentalmente por tres temas. En primer lugar, por las necesidades de nuestros vecinos. Y ahí la necesidad prioritaria es el empleo. En segundo, por el conflicto abierto sobre competencias a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y, por último, por la financiación local, que ha sido una vieja aspiración de los ayuntamientos. En relación al empleo, la federación va a seguir exigiendo a las otras administraciones, que son las que tienen competencias en esta materia, la puesta en práctica de planes de empleo que permitan que los pueblos sigan abiertos. Los pequeños municipios de Extremadura, si no hay trabajo, están abocados al cierre. En cuanto a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno del PP, ya hubo un acuerdo unánime de toda la oposición para derogarla después de las elecciones generales si había mayoría suficiente para ello.

--¿Por qué considera que es tan negativa esta ley?

--En la pasada legislatura hubo un debate sobre la eficiencia en la gestión de los servicios y los recursos públicos y se llegó a la conclusión, yo creo que errónea, de decir que los ayuntamientos no los gestionábamos eficientemente. Aquí el Gobierno tiró por la calle de en medio: decidió quitarnos competencias y asignárselas a las comunidades. Tal y como establecía la ley, el 1 de enero de 2016 debería haberse producido ese trasvase de competencias a favor de las comunidades, y los ayuntamientos las hubiésemos perdido en materia de servicios sociales, educación, fomento del empleo o políticas de igualdad. Lo que sucede es que, paralelamente a la entrada en vigor de esa ley, tendría que haberse abordado el problema de la financiación autonómica, pero como tampoco se ha hecho, nos hemos encontrado en una situación en la que, por ley, los ayuntamientos perdíamos esas competencias pero las comunidades no contaban con mecanismos financieros para poder hacerlas frente. Así que el Gobierno no ha tenido más remedio que posponer la entrada en vigor de la ley, pero lo que ha reclamado la Femp, y la Fempex, es un poco de seguridad jurídica porque entendemos que una ley se cambia con otra y no con un comunicado del secretario de Estado de Administraciones Públicas. Además, los alcaldes no rehuimos esos servicios fundamentales. Prestarlos es lo que nos anima a presentarnos a unas elecciones, porque si a un alcalde tú le quitas la posibilidad de gestionar guarderías, centros de día, ayuda a domicilio,... le estás quitando un poco el alma a su ayuntamiento, lo estás reduciendo únicamente a que gestione la obra pública, la basura y los cuatro servicios públicos que son esenciales. El problema es que necesitamos financiación para hacer frente a ellos con calidad.

--¿Qué pasaría en los municipios extremeños si los ayuntamientos dejasen de prestar a día de hoy estos servicios?

--Si las comunidades autónomas no se hiciesen cargo de todos ellos tendríamos que cerrarlos. Estamos hablando de guarderías, de centros de día, de pisos tutelados o de residencias de ancianos, de servicios que son básicos para el ciudadano. Además, el problema ahora es que, ante esa inseguridad jurídica, algún secretario o interventor interprete que, de acuerdo con la ley, no podemos prestarlos y nos pueda poner trabas a la hora de desarrollarlos.

--¿Considera, como afirma el presidente de la Femp, Abel Caballero, que habría que reformar la Constitución para regular las competencias de las entidades locales?

--Está claro que la única manera de que no estemos sujetos a los cambios que se van produciendo en los gobiernos de las comunidades autónomas es que eso esté regulado por la Constitución, que se recojan claramente cuáles son nuestras competencias y cuáles son las vías de financiación para ellas.

--¿Cuál es la situación financiera de los ayuntamientos extremeños?

--Por los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda, los del 2014, el 60% de los ayuntamientos extremeños estaban endeudados, pero la deuda se había reducido casi en un 10% en ese ejercicio. Yo creo que los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo estos años, con muchos de ellos sometidos a duros planes de ajuste. La situación financiera está mejorando, pero yo creo que lo importante no es tanto eso como a costa de qué esta mejorando.

Conozco ayuntamientos que han tenido que cerrar su guardería u otros servicios y, sin embargo, tienen superávit, pero la ley les marca un techo de gasto por encima del cual no pueden pasar. Se da la paradoja de que tengan que cerrar servicios o dejar de prestar políticas de empleo mientras están ingresando más de lo que gastan. Se genera un superávit, pero la ley determina en qué se puede emplear: en inversiones financieramente sostenibles, que son, por así decirlo, inversiones en obras, cuando a lo mejor la prioridad de estos ayuntamientos sería empleo o servicios sociales. Esta es otra de nuestras reivindicaciones, que se modifique la legislación estatal que regula la inversión del superávit presupuestario en aquellos ayuntamientos en los que se genere y que se elimine el techo de gasto para los que no tienen problemas financieros.