En la primera semana de mayo del 2003 saltaba la noticia. La Guardia Civil, durante la llamada operación Tomba , había detenido a quince personas en la zona de Vegas Bajas por un presunto fraude de 27 millones de euros en las subvenciones de la Unión Europea a la producción de concentrado de tomate, una estafa que se habría cometido entre 1997 y el año 2000. Posteriormente la investigación rebajó a trece el número de presuntos implicados, pero nada se ha vuelto a saber.

Ha pasado algo más de un año y el caso, que sigue bajo secreto de sumario, está siendo investigado por el juzgado de instrucción número dos de Badajoz. Todas las partes implicadas están ya a la espera de que se elaboren las conclusiones de la instrucción para saber cuántos y quiénes son finalmente los imputados por este caso.

El informe confidencial elaborado por la Guardia Civil tras una investigación que se prolongó durante dos años desvelaba la existencia de un auténtico entramado empresarial en la provincia de Badajoz. Concretamente, desde un primer momento Interior implicó a los responsables de cinco empresas, las industrias Conesa, Transa y Agraz; la OPFH Los Corbos; y la empresa de servicios Sayco.

Ciclo perfecto

Según la Guardia Civil, los agricultores vendían el tomate al precio mínimo marcado para acceder a las ayudas europeas, pero posteriormente eran obligados a contratar con Sayco servicios que nunca se llegaban a realizar. De esta forma, Sayco, que es propiedad de las industrias, cobraba, según Interior, el llamado impuesto revolucionario a los productores. Posteriormente, Sayco contrataba otros servicios con las industrias que al parecer tampoco se realizaban, y el dinero retornaba a su punto de origen.

En este sentido, el estudio pormenorizado de las facturas incautadas demostró que Sayco pagaba a las industrias por sus servicios las cantidades que antes había cobrado a los agricultores de Los Corbos.

Posteriormente se supo que la denuncia del alcalde de Villafranco del Guadiana, Juan Sánchez Cabanillas, y los datos aportados por un confidente vinculado con la empresa Conesa destaparon el caso.