La Mesa General de Negociación de la Administración Pública de Extremadura acordó ayer una subida salarial para empleados públicos del 1,5 por ciento, cantidad máxima permitida por la Ley General de Presupuestos del Estado para 2018. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien presidió la mesa, aseguró que dicha subida se hará efectiva una vez que sea aprobada por el Consejo de Gobierno el próximo 31 de julio y se verá reflejada, lo antes posible, en las nóminas de los trabajadores, previsiblemente en el mes de agosto o de septiembre.

Dicho incremento salarial corresponde a una subida fija del 1,5 por ciento y tiene efectos con carácter retroactivo desde el 1 de enero, más un 0,25 por ciento ligado al crecimiento de la economía, que comienza a aplicarse desde el 1 de julio.

El presidente de CSIF de Extremadura, Benito Román, declaró tras el encuentro que «ha sido una Mesa de puro trámite» y que la subida salarial se limita a lo establecido en la legislación estatal y que es «insuficiente». El secretario de Acción Sindical y de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, José Ignacio Luis Cansado, señaló que el incremento retributivo se inscribe en los acuerdos firmados en el conjunto del país y de la región, y que «la Junta ha llegado al máximo» de lo permitido en los Presupuestos Generales del Estado.

OFERTA DE EMPLEO // La vicepresidenta de la Junta señaló, por otra parte, que se aplaza hasta septiembre la negociación con los sindicatos de la oferta pública ordinaria de empleo «para contar con más datos».

La Junta de Extremadura, resaltó Pilar Blanco Morales, busca el consenso necesario y posible para que las ofertas públicas de empleo, tanto la ordinaria de 2018 como la de estabilización, sean consensuadas en la Mesa General de Negociación.

Para Benito Román, presidente de CSIF de Extremadura, la oferta de empleo público de la Junta es ambigua ya que, a su juicio, no se detalla nada. Para él, debe haber una planificación para que la oferta sea concreta para los próximos años en puntos como cuándo se convocarán las oposiciones y cuántas serán las plazas, todo para que no haya más «incertidumbre» ni inseguridad. José Ignacio Luis Cansado, de UGT, y Esther Avila, de CCOO, han apostado por el aplazamiento dado que ayer se convocó la mesa sin tener todos los datos.