El Consejo de Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto que regula las funciones y composición de la comisión de seguimiento de la renta básica. Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, con ella se garantizará el principio de participación y el seguimiento de las prestaciones, que en la actualidad no presentan «ningún retraso». El presidente de la comisión será el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, y su vicepresidenta la directora general de Políticas Sociales, Carmen Núñez. Contará además con una secretaría (un funcionario) y 19 vocalías, cuatro de ellas reservadas a un representante de cada grupo parlamentario.
Con la creación de esta comisión, la Junta da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión social. Entre sus funciones estarán las de formular propuestas y recomendaciones que puedan mejorar la gestión de la renta básica y conocer los datos de las prestaciones concedidas por la Junta. En este sentido, Gil Rosiña destacó que frente al «oscurantismo» que caracterizó a la renta básica en la anterior legislatura, ahora «no solo hay una ley que la ha mejorado», sino que al amparo de esta norma se crea un órgano «en aras de la transparencia».
Por lo que respecta a los últimos datos de gestión, la portavoz señaló que se han recibido un total de 63.366 solicitudes, de las que 63.215 corresponden a expedientes ya resueltos y 94 están pendientes de informes sociales, documentación y valoración. A día de hoy, 32.238 expedientes son de solicitudes ya abonadas o que se están abonando, otros 650 están pendientes de fiscalización y 26.538 han resultado no favorables.
