A lo largo del 2019 la Guardia Civil, a través tanto de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) como del resto de sus unidades, detectó 186 infracciones penales de carácter medioambiental en la comunidad autónoma. En esos doce meses, los agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento, además, de cerca de 8.700 infracciones administrativas dentro de este mismo ámbito, lo que en conjunto supone una media de más de 24 al día.
En el capítulo de los delitos, 140 fueron esclarecidos, 48 por parte del Seprona y 92 por otras unidades del cuerpo. Se detuvo a 23 personas y se investigó a 167. El maltrato o abandono de animales domésticos fue el motivo de denuncia más frecuente, con 57. Una de las operaciones desarrolladas para combatirlo fue la denominada Tanatoc, que llevó en noviembre pasado a instruir diligencias penales a once vecinos de la comarca de Tierra de Barros como presuntos autores de delitos de maltrato animal por el sacrificio de 46 perros, la mayor parte de ellos galgos, por no cumplir las expectativas de sus propietarios para la actividad cinegética. También se imputó este mismo delito, junto al de falsificación documental, a un veterinario.
PELEAS DE GALLOS / Otros 23 investigados por maltrato animal corresponden a la operación Zaragallo, que tuvo lugar unos meses antes, a inicios de abril, cuando la Guardia Civil intervino en un antiguo establecimiento hostelero del municipio de Montijo en el momento en el que unas sesenta personas presenciaban y apostaban en una pelea de gallos. Tres de los investigados lo fueron también por pertenencia a grupo criminal, al organizar la celebración de las peleas. Se hallaron 64 gallos, propiedad de los participantes, algunos de ellos con heridas y amputaciones,
A continuación aparece la defraudación de aguas y situaciones análogas, con 41 expedientes. En este apartado quedan incluidas la instalación de mecanismos para su captación ilegal o la alteración de los contadores para medir su consumo.
En tercer lugar figuran los delitos de incendios forestales, con 34. No obstante, es aquí donde se concentra el mayor número de detenidos e investigados, con 47 el año pasado. Uno de ellos fue un pirómano al que se sorprendió en una zona forestal situada en el entorno del municipio cacereño de Valverde del Fresno transportando una cuerda combustible, a la que había anudado cerillas para extender las llamas. A esta persona se le pudo implicar en la sucesión de varios fuegos intencionados, provocados entre julio y agosto. Tras su detención ingresó en prisión como presunto autor de ocho delitos de incendio forestal intencionado.
También se registró un número significativo de infracciones penales relacionadas con la caza. Fueron 24 con 13 detenidos e investigados por ellas. Hubo otras cinco por cuestiones urbanísticas, cuatro más por delitos contra el patrimonio histórico y una por tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción. En relación a esta última, el año pasado agentes del Seprona desenmascararon un supuesto zoológico clandestino en Villafranca de los Barros, con más de un centenar de animales, e instruyeron diligencias penales a varios ciudadanos españoles y portugueses como presuntos autores de un delito de tráfico ilegal de especies protegidas,
Por provincias, la Guardia Civil contabilizó 112 infracciones penales en la de Badajoz y 74 en la de Cáceres. Las personas detenidas e investigadas fueron 105 y 85, respectivamente.
En cuanto a las infracciones administrativas, de la veintena y media de tipos recogidos por las estadísticas facilitadas por el Seprona, solo entre tres concentran alrededor de la mitad de las casi 8.700 detectadas en el 2019. Encabezan el listado las que tienen que ver con la práctica de la pesca. Aquí los incumplimientos pueden ir desde carecer de licencia para su práctica a sobrepasar el número de capturas, pasando por utilizar artes y medios prohibidos o no respetar los tamaños o los periodos hábiles.
SANIDAD ANIMAL / A continuación, con 1.678 expedientes tramitados, aparece el apartado sobre sanidad animal y epizootias, relativo a la prevención, lucha y control de las enfermedades en los animales, por lo que incumbe directamente a explotaciones ganaderas y cinegéticas. Las violaciones de la normativa sobre vertidos y residuos fueron 1.141, por encima de las que tienen que ver con las acampadas y alojamientos turísticos (886), y con los animales de compañía (670).
Por otro lado, las infracciones de las normativas de aguas, minas y sobre urbanismo y ordenación del territorio fueron 521, 114 y 131, respectivamente. En estas tres tipologías quedaron comprendidas las mayor parte de incumplimientos descubiertos en el transcurso de la operación Mizu, encaminada a controlar y detectar actuaciones irregulares sobre los acuíferos subterráneos y superficiales en todo el territorio nacional y que se desarrolló durante cinco meses del 2019. Fue puesta en marcha poco después del caso del niño Julen, que perdió la vida al caer y quedar atrapado en un pozo de sondeo sin señalizar, por lo que en estas inspecciones se controló tanto el impacto ambiental como la seguridad de las instalaciones. En Extremadura el Seprona detectó 158 infracciones, si bien ninguna de ellas tuvo un carácter penal. Carecer de la documentación o de la licencia preceptiva para perforar un pozo de sondeo, la ausencia de medidas de seguridad, o la falta de contadores volumétricos, estuvieron entre los motivos más habituales de estos expedientes administrativos.
Otras infracciones que aparecen en el listado son las que atañen a la legislación cinegética, con 348 denuncias, mientras que contravenir la de animales peligrosos supuso 302, la de alimentos 269 y la que regula los espacios naturales, flora y fauna 155. Del total de expedientes administrativos, 5.149 (casi seis de cada diez) se tramitaron en la Comandancia de Badajoz y los 3.547 restantes en la de Cáceres.
