El Ministerio de Hacienda ha enviado a 215 ayuntamientos extremeños una carta en la que les requiere información sobre sus ejecuciones presupuestarias del último año, así como las cuentas del 2016, las líneas generales del proyecto de presupuesto del 2016 y al plan presupuestario a medio plazo 2016-2018. La información que les reclama corresponde al 2015 y deberían haberla presentado antes del 31 de enero tal y como establece la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 y que impone la obligación a las administraciones regionales y locales de rendir cuentas ante el Ministerio --este rinde cuentas ante la Comisión Europea-- para garantizar que no incurren en déficit.

El departamento que dirige Cristobal Montoro ha reenviado el requerimiento a un total de 4.618 ayuntamientos --la mitad de los consistorios de España-- de los que 215 son extremeños. Entre ellos, el único que aparece de las grandes ciudades de la región es el de Mérida. Los demás requerimientos corresponden a municipios de menor tamaño, entre los que sobresalen en todo caso Don Benito, Villanueva de la Serena, Montijo, Olivenza, Trujillo, Moraleja y Talayuela.

MAS DE LA MITAD EN CACERES En total el Ministerio de Hacienda se ha dirigido a 119 ayuntamientos cacereños y 96 consistorios pacenses. En la mayoría de los casos solicita información del presupuesto del año en curso y a la planificación bianual 2016-2018 y también a los datos de ejecución presupuestaria del último trimestre del 2015. Pero hay una decena de ayuntamientos (Fregenal, Cabañas del Castillo, Cabezabellosa, Campillo de Deleitosa, Casas de Don Gómez, Casas del Castañar, Conquista de la Sierra, Logrosán, Losar de la Vera y Piornal) que no aportaron información en enero sobre al menos cinco de los ocho conceptos que solicita Hacienda.

Fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que todos ls ayuntamientos tienen la obligación de presentar esta información a lo largo del mes de enero. El requerimiento se dirige a aquellos que no lo han hecho y tienen ahora un plazo de 15 días para aportar la información que les falta. La fecha en cada caso varía porque las cartas se remitieron en diferentes jornadas. Los que no lo envíen podrían enfrentarse a sanciones.

Junto a los ayuntamientos, el ministerio ha solicitado información también a los gobiernos de Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco y Cantabria.