Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) subrayaron ayer: «Los extremeños no nos hemos recuperado de la crisis porque la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social es ahora un 25% superior a la de 2009; y un 65% más elevada que la media nacional».

Estas cifras demuestran que «el crecimiento económico no garantiza por sí solo la reducción de la pobreza», manifestó la presidenta de la delegación extremeña de la EAPN, María Teresa Suárez, momentos antes de intervenir en el acto por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza celebrado en la Asamblea.

Según el estudio El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2017, presentado el martes en el Senado y elaborado en base al indicador Arope (que es el índice de referencia en la UE), el 44,3% de los extremeños, 478.242 personas, se encontraba en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social.

Y ese porcentaje representa «un aumento extraordinario de 8,5 puntos respecto a 2016 y sitúa a Extremadura como la comunidad autónoma con una mayor tasa. En el conjunto nacional se cifra en el 26,6%.

El estudio también revela que unos 418.000 extremeños se encuentran bajo el umbral de la pobreza, el 38,8% de la población, al vivir con unos ingresos inferiores a 710 euros mensuales.

Asimismo, el 5,6%, 60.496 personas, sufre una privación material severa, al no poder permitirse una comida de carne o pollo cada dos días, mantener la vivienda a temperatura adecuada y no contar con capacidad de afrontar gastos imprevistos o retrasos en los pagos de vivienda.

«UN EMPLEO MÁS PRECARIO» / Y aunque el indicador de empleo ha mejorado, se refleja que «el trabajo no tiene una repercusión directa porque hablamos de empleo más precario y de peor calidad», matizó Suárez.

Ante esta realidad, la presidente de EAPN Extremadura reclamó la puesta en marcha de una estrategia contra la pobreza y la exclusión social que garantice una política de rentas mínimas a las familias, un sistema educativo inclusivo, una sanidad universal, el cumplimiento de la Ley de la Dependencia, una vivienda digna y una política fiscal redistributiva.

«Es necesaria una reorientación de los fondos estructurales de la UE para dedicar el 20% a la inclusión social y lucha contra la pobreza», añadió.