Las emisiones de CO2 a la atmósfera de la industria de alimentación y bebidas en el 2019 supusieron apenas el 1,5% de todas las emisiones derivadas de la actividad económica en España. Desde el 2017, estas compañías han reducido su nivel de emisiones un 8,7% «gracias a la puesta en marcha de prácticas de reducción y eficiencia energética y al aumento del uso de fuentes renovables», según se destacó desde la patronal del sector, Fiab, en una nota de prensa remitida recientemente con motivo de la celebración de la Hora del Planeta.
No hacerlo, puede llevar a estas empresas a tener que recurrir al mercado de derechos de emisiones, en el que hay un fuerte componente especulativo por la presencia de fondos de inversión, y en el que los precios de los derechos no paran de subir.
En Extremadura, la situación es algo diferente. La mitad de las diez industrias con mayores emisiones de CO2 son agroalimentarias, fundamentalmente centradas en el transformado de tomate, proceso que requiere un consumo de energía, tanto eléctrica como térmica, notablemente alto. No obstante, esta elevada proporción hay que enmarcarla también dentro del escaso peso que tienen las emisiones de los sectores fijos en la comunidad autónoma (instalaciones sujetas al mercado europeo de derechos de emisiones, como la energía, la aviación o la industria).
Estas plantas cuentan con una asignación anual que se puede permutar por las emisiones contaminantes. Cada derecho equivale a una tonelada de CO2. No obstante, este volumen de carácter gratuito se va reduciendo paulatinamente con el objetivo de que los titulares lo hagan también con sus emisiones. Si se sobrepasa la contaminación autorizada, hay que acudir al mercado para comprar más derechos.
Hace unas semanas, la cooperativa Las Marismas de Lebrija, líder del sector de concentrado de tomate en Andalucía, denunciaba que el Ministerio para la Transición Ecológica le reclama la compra de derechos de emisiones en el mercado por un valor de 450.000 euros, lo que supone «una reducción de 2 euros por cada tonelada de tomate para cientos de agricultores del Bajo Guadalquivir».
Un exceso en las emisiones en el 2019 junto con un cambio de fase en la regulación -ahora se pasa al que discurre entre 2021y 2025-- han llevado «al borde del precipicio» a esta cooperativa sevillana, según se aseguró desde esta entidad, hasta el punto de poner en peligro la próxima campaña.
Domingo Fernández, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, apunta que ninguna cooperativa tomatera extremeña ha llegado por ahora a este punto límite en la región pero, matiza, «de momento, de aquí para delante, ya veremos, porque este año la previsión es transformar más tomate y a lo mejor alguna no tiene suficientes derechos, porque el problema es que nos los van recortando cada vez más». Esta disminución será este año de «entre un 10% y un 15%».
Menos derechos presionan al alza los precios en un mercado en el que ya de por sí están desbocados. Esta semana el coste comenzó rozando los 42 euros por tonelada. En marzo de hace dos años, estaba algo menos por debajo de la mitad, y retrocediendo hasta finales del tercer mes del 2017, podía adquirirse un derecho por cinco euros, con lo que en cuatro años se ha multiplicado por siete el precio.
Tres fábricas cooperativas extremeñas: Tomalia, Pronat y Tomates del Guadiana, hacen frente común en este ámbito. «Cada una tiene sus derechos, pero las gestiones se hacen de forma coordinada, para intentar que esto sea lo menos perjudicial posible para las cooperativas», puntualiza Fernández. Entre otras cosas, intentando transmitir a la Administración que, en términos de dióxido de carbono, la presencia de estas industrias no solo se traduce en emisiones. «Las 23.000 hectáreas que tenemos en Extremadura de tomate eliminan mucho CO2, y eso también tendrían que valorarlo», esgrime.
Más producción este año
El sistema da margen para que si un año se emite menos de lo permitido, se reserve el excedente sin utilizar para futuras necesidades. Con alrededor de 30.000 de ellos entre estas tres plantas, hasta la fecha no se ha tenido que acudir al mercado para adquirir adicionales, pero el presidente de esta sectorial de las cooperativas extremeñas incide en que la previsión para esta campaña, si «viene normal» es hacer entre un 15% y un 20% más de producción que la pasada, que fue bastante más corta de lo habitual por la climatología adversa, por lo que no es posible saber si se acabará o no con un saldo positivo.
Fernández remarca también que en los últimos años se ha ido invirtiendo en estas plantas para reducir su impacto ambiental, sustituyendo fuel por gas o mejorando los sistemas de depuración de agua. En el caso de Tomates del Guadiana, que él preside, precisa que «tenemos un proyecto adelantado para poner placas solares para producir energía limpia», una iniciativa que tendrá una inversión de «entre dos y tres millones de euros» y que ocupará unos 30.000 metros cuadrados.
