El presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el empresario jerezano Alfonso Gallardo se reunen hoy en Mérida para perfilar los últimos detalles sobre el proyecto de instalación de una refinería en el triángulo formado por las localidades de Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, y que supondrá una inversión de 1.200 millones.

Las cuestiones pendientes de fijar atañen a la participación concreta que cada socio tendrá en el accionariado de la petroquímica. Según los datos aportados por Rodríguez Ibarra en su comparecencia en la Asamblea el 16 de diciembre, Gallardo entraría con entre el 32% y 39% de capital; la Junta, a través de Fomento Industrial de Extremadura, tendría entre el 20% y el 22%, y el resto se lo repartirían Iberdrola, Caja Madrid y el Banco Bilbao Vizcaya, cada uno con un 10%, y GEA-21 y la Caja de Extremadura con un 3% cada uno. Finalmente, el socio tecnológico se haría con otro 9%.

SEDE FISCAL EXTREMEÑA En todo caso, lo que sí está claro es que la Junta y Gallardo serán los accionistas mayoritarios, y sumarán más de la mitad del capital. El objetivo de esta distribución de participaciones, que obligará a Fomento Industrial de Extremadura a hacer una ampliación de capital que ronda los 80 millones de euros, es garantizar que la sede fiscal de la refinería permanezca en Extremadura.

De este modo, se lograría que unos 750 de los 2.000 millones que cada año genere la planta en concepto de impuestos especiales e IVA, vayan directamente a las arcas regionales, merced al acuerdo de financiación que cedía a las comunidades autónomas un tramo de la recaudación de dichos gravámenes.

Además, y según reveló el presidente extremeño, la participación pública en el proyecto compromete al empresario jerezano a que el 95% de los empleos que se generen en la instalación (medio millar directos aproximadamente) sean cubiertos por extremeños, y que tanto el Ejecutivo como Gallardo diseñen un plan para la instalación de empresas auxiliares en los municipios de la región con más paro.

El compromiso se completa con la intención de que sean constructoras con sede en Extremadura las que hagan el oleoducto que conectaría la refinería con el puerto de Huelva, y que costará 54 millones.

Otra cuestión por dilucidar es quién será el socio tecnológico. Aunque en principio se apuntó a la petrolera lusa Galp, Ibarra indicó en su comparecencia que era el grupo Repsol el que había mostrado un mayor interés.