El número de casos de personas que trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social detectados por la Inspección de Trabajo volvió a aumentar en Extremadura el año pasado. Lo hizo hasta situarse en 2.803, de acuerdo a los datos de su último informe anual. De ellas, 1.242 fueron localizadas en la provincia de Badajoz y las restantes 1.561 en la de Cáceres.
Se trata del máximo de toda la serie histórica de informes, que arranca en el 2005. Respecto al 2014, cuando los empleados descubiertos en esta situación irregular fueron 2.534, el incremento es del 10,6%. Si el dato se compara con el del 2011, ejercicio en el que se contabilizaron 1.733, la subida ha sido de más del 60%.
Durante este lustro, en el conjunto del país las altas en la Seguridad Social derivadas de la actividad de la inspección —tanto las tramitadas de oficio por ella misma como las gestionadas por las propias empresas— ha pasado de 65.794 a 75.243, lo que supone un aumento del 14,3%, una cifra «reveladora del crecimiento de la economía irregular en cuanto a fraude a la Seguridad Social», se apunta en la memoria. Si el parámetro que se toma en cuenta es el de las infracciones de este tipo descubiertas por cada cien inspecciones realizadas, el año pasado fue de 15,5, lo que supone un auge todavía mayor, del 30,6%. Desde abril del 2012 el Gobierno desarrolla un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Atendiendo a la actividad económica, la memoria no ofrece datos desglosados por comunidades autónomas, pero sí los totales nacionales. En ellos, la hostelería aparece claramente a la cabeza en cuanto a estas irregularidades, con 23.478, casi un tercio del total. A continuación figuran el comercio (excepto la reparación de vehículos), con 9.940, los servicios profesionales, con 9.831, y los de educación, sanitarios, de asistencia social, deportivos y recreativos, con 8.328. «Sucede frecuentemente en la hostelería. A menudo se trata de trabajos de muy poca duración, como puede ser una boda, para los que no se da de alta al trabajador y se le paga en negro», confirma Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT-Extremadura. «Desgraciadamente hay muchísimos trabajadores que no tienen más remedio que aceptar porque no existe otra alternativa para ellos», agrega.
La de empleados sin dar de alta no fue la única infracción detectada por los inspectores de trabajo en la región en materia de empleo sumergido. Estos funcionarios también descubrieron 17 casos de extranjeros sin el pertinente permiso de trabajo y sacaron a la luz 462 prestaciones indebidamente percibidas.
Teniendo en cuenta todos sus ámbitos de actuación, las irregularidades detectadas por los inspectores en los centros de trabajo extremeños a lo largo del 2015 fueron 7.137, algo por encima de las 7.077 del ejercicio anterior. Este dato comprende las infracciones en acta —que conllevan la propuesta de sanción— y los requerimientos a la Administración —a la que no se le puede sancionar, por lo que cuando se detecta algún incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral solo se le puede hacer un requerimiento, que a efectos estadísticos equivale a una sanción, aunque no tenga importe económico—. Además, se realizaron 5.448 requerimientos de subsanación a empresas privadas para acabaran con alguna situación irregular.
Por materias, de las 2.359 actas de infracción levantadas, 1.553 estaban relacionadas con la Seguridad Social, 625 con la seguridad y salud laboral, 60 con las relaciones laborales, 25 con empleo y extranjería y las restantes 96 tuvieron su origen en alguna obstrucción a la labor inspectora.
SANCIONES Y EXPEDIENTES / En cuanto a las sanciones impuestas a las empresas infractoras, estas rozaron en el 2015 los 9,3 millones de euros, montante que está un 28,3% por encima de lo que supusieron en los doce meses precedentes. Además, el importe de los expedientes liquidatorios por cuotas debidas a la Seguridad Social cuyo adeudo se deriva de estas actuaciones ascendió a 25,6 millones de euros. La cifra está por debajo de los 27,3 millones del 2015. Sin embargo, si se compara con la del 2011, cuando fueron 19,4 millones, el aumento ronda el 32%. Yendo algo más atrás, hasta el 2007, último año antes de la crisis, los importes de sanciones y expedientes liquidatorios eran entonces menos de la mitad que ahora.
«La crisis ha traído consigo una elevación del fraude», sostiene Miguel Coque, secretario de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, para quien se trata de una situación «generalizada» que presenta una casuística muy variada: «No pagar la Seguridad Social aunque te hagan contrato, tener una determinada categoría laboral y hacer trabajos correspondientes a otra superior, tener a alguien contratado a tiempo parcial pero que trabaje a tiempo completo...», enumera
«Con los recursos que tiene la inspección, llega hasta donde puede llegar», agrega Coque, para quien «ante una situación en la que la economía sumergida está disparada, invertir más en inspección tendría un coste insignificante con respecto a los logros que se obtendrían».
Teodoro Casares coincide también en que habría que facilitar más medios a la Inspección de Trabajo. «Nesitaría mucho más personal y tendrían que dotarla de muchos más medios para que pudiera hacer inspecciones más concienzudas y sistemáticas en sectores como el agrario o la hostelería», apunta. H
