El refuerzo en la actividad ordinaria de la inspección laboral junto al Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Gobierno central el pasado julio, ha hecho que en Extremadura se regularicen unos 1.700 empleos que estaban en fraude de ley, 1.300 transformados en indefinidos y 400 referidos a contratos temporales «que no estaban bien».

Estos datos provisionales, a fecha de 31 de octubre, fueron analizados ayer en la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se celebró en Mérida con participación de Juan Grangel, director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Según explicó la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, en esta comisión se ha abordado también el plan de actuaciones previstas para 2019, que se incrementan en términos generales un dos 2% de media, pasando de las 14.906 realizadas en 2018 a las casi 15.300 para este año.

Para 2019 las inspecciones se dividen en cuatro bloques, que son prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social y economía irregular, dos que son competencias autonómicas y otras dos estatales.