Izquierda Unida-Extremadura reclama la dimisión de la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira, por el "despido improcedente" realizado de una periodista, para "permitir que su plaza fuera ocupada por un antiguo alto cargo de la Junta de Extremadura", algo que considera "inadmisible".

Según recoge la agencia Europa Press, Izquierda Unida considera que la sentencia del TSJEx "pone en evidencia la práctica de clientelismo en el seno de la administración pública", una situación que se "agrava aún más por la negativa de la Delegación del Gobierno a readmitir a la trabajadora injustamente despedida".

Ante esta situación, IU-Extremadura solicita la "separación inmediata del servicio" de la persona que sustituyó a la periodista despedida, A.B., ya que según señala, "en ningún caso -tras la aceptación de su renuncia solicitada por él mismo- disfruta de derecho alguno sobre esa plaza, con arreglo a la legislación vigente".

Izquierda Unida indica que estas situaciones "ponen de manifiesto que la actual legislación laboral permite de hecho el despido libre, aunque no gratuito", lo que a su juicio "supone una clara merma de los derechos de los trabajadores, que asisten impotentes a la pérdida de su puesto de trabajo aunque se lleve a cabo por sin motivos justificados".

CCOO

Por otro lado, Comisiones Obreras critica que la Delegación del Gobierno opte por indemnizar a la trabajadora despedida de manera improcedente en vez de readmitirla y advierte al PP que "no puede hacer demagogia con este caso".

Según la agencia Efe, el sindicato afirma que la Delegación no puede utilizar arbitrariamente los recursos públicos "para imponer sus criterios en el despido a través de la indemnización", ya que, en su opinión, debería haber readmitido a la trabajadora en sus funciones.

CCOO indica que frente a la vulneración del derecho a la maternidad por parte de las empresas, hay que "reclamar con firmeza que no se utilice esta cuestión con intereses meramente políticos por parte del PP de Extremadura para atacar a la delegada del Gobierno tergiversando los hechos". "Hay que exigir al Partido Popular responsabilidad y sensibilidad en la lucha contra el fraude en el despido de las mujeres embarazadas, una lucha que necesita de un esfuerzo continuado, unidad de toda la sociedad y rigor en los argumentos".

Según indica, la sentencia del TSJEx explica con claridad que las causas de la improcedencia del despido no están relacionadas con la maternidad de la trabajadora, sino con que la plaza en la que ella estaba destinada no pertenecía a otra persona como pretendía la Delegación del Gobierno.