La agonía de Valdelacalzada por Caval ha sido en vano. Tres años después, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Badajoz obliga a las 15 entidades bancarias que respaldaron el plan de refinanciación de la cooperativa frutícola de las Vegas Bajas a cancelar la hipoteca suscrita en 2010 por valor de 15.925.000 euros por entender que eran conocedoras de la insolvencia de la empresa, que luego entró en concurso de acreedores. El fallo, contra el que cabe recurso, condena a las entidades a hacerse cargo de los gastos que se generaron para la firma del crédito y también los de su cancelación, así como a pagar las costas del litigio y abonar 327.500 euros que fueron retirados "de manera indebida" de la cuenta de la concursada en 2011.

Según explica el abogado de Caval, Pedro Antonio Pérez, la juez del Mercantil entiende que de acuerdo a la documentación aportada por los administradores concursales, la refinanciación, en la que medió la Junta de Extremadura, se hizo sobre un plan de viabilidad y unas condiciones que no estaban cerradas y que finalmente no se cumplieron. "La juez entiende que los bancos tenían que saber que la cooperativa estaba en quiebra técnica cuando se firmó y que el acuerdo no iba a ayudar a nada", explica el letrado.

GARANTIA DE COBRO Asegura que según la sentencia, la firma de la hipoteca solo sirvió para que los bancos se garantizaran el cobro de toda su deuda con la cooperativa como acreedores preferentes en el caso de que esta cerrara, pues la garantía del préstamo se constituyó sobre la totalidad de los activos de Caval. La sentencia recoge que la concursada ya se encontraba en situación de insolvencia en la fecha de formalización de la escritura, 20 de mayo de 2010, y que por tanto, "tal situación era de sobra conocida por las partes". La juez ve probado que con la operación, las entidades bancarias consiguieron garantía real sobre sus deudas preexistentes con el resultado de que cuando la sociedad finalmente entra en concurso de acreedores en el año 2011, las entidades demandadas ven garantizados sus créditos. "Lo que se pensó que era la salvación de Caval, fue realmente su puntilla", indica.

Pérez asegura que el fallo beneficia a los socios ante la próxima liquidación de la cooperativa porque "obliga a volver a la situación anterior", es decir, a cancelar el crédito que obligó a hipotecar todos los inmuebles y la maquinaria de la empresa, además de devolver las cantidades pagadas a los socios. "Los trabajadores han ganado una batalla moral y los bancos han recibido una bofetada", insiste. Ahora los bancos pueden recurrir el fallo, pero según el abogado, lo más inteligente sería que se sentaran de nuevo a negociar con los socios y tratar de buscar un acuerdo para vender las instalaciones y proceder finalmente a la liquidación de la sociedad.