Nueva jornada de declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida por la presunta trama de financiación ilegal de UPA-UCE y nueva jornada de dirigentes, trabajadores y afiliados de la organización agraria a las puertas de la sede judicial como muestra de apoyo a los compañeros investigados y de protesta por las actuaciones emprendidas contra ellos. Ayer estaban citados a declarar los tres técnicos reclamados por la Guardia Civil por su presunta implicación en esta causa: Gervasio Martínez, Ana Jiménez y Margarita Yáñez, aunque finalmente solo prestaron declaración los dos primeros mientras que Yáñez (que ya no trabaja en UPA-UCE) ha sido citada para presentarse el lunes ante el juez.
Gervasio Martínez fue el primero en prestar declaración. Lo hizo a partir de las doce de la mañana tras llegar sobre las diez al Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida procedente de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, donde permanecía detenido desde que fuera citado el miércoles a declarar allí. Tras más de tres horas de interrogatorio el juez decretó su puesta en libertad sin fianza pero con cargos, según confirmaron a este diario.
A las cinco de la tarde se inició la comparecencia de Ana Jiménez (a la que la Guardia Civil dejó en libertad el día anterior por motivos de salud) y en este caso el juez también decretó su puesta en libertad sin fianza tras más de tres horas de averiguaciones.
PARA UPA NO HAY CASO/ «Lo importante es que ya pueden estar en su casa y lo de los cargos es lo de menos porque vamos a demostrar que los delitos no existen», señaló el dirigente de UPA-UCE Antonio Prieto tras conocerse la puesta en libertad de los dos trabajadores. Además defendió que los tres investigados «se han limitado a hacer su trabajo y a hacerlo bien, no tienen por qué estar sometidos a esta presión que se está llevando a cabo, porque son tres técnicos como los más de 50 que tenemos y que desarrollan las mismas tareas: informar, asesorar y atender a los afiliados en la documentación que necesitan». Los dos empleados ya en libertad deberán acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes mientras continúa abierta la investigación.
Ramos incidió además en que «no hay caso» y que la organización «ha realizado los asesoramientos que inicialmente la Guardia Civil aseguró que no se habían realizado» y calificó de nuevo como «desmedidas» las actuaciones policiales. A su juicio, «ya no hay motivos que justifiquen la encarcelación de los dirigentes Ignacio Huertas y Maxi Alcón», ambos en prisión desde hace más de un mes,
La Guardia Civil considera a los tres trabajadores de UPA-UCE presuntos autores de delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal, según el comunicado que ayer publicó el instituto armado. En él explican también que los empleados eran conocedores «y supuestamente llevaban a cabo acciones» dentro de la organización agraria que «facilitaban la financiación ilegal», a través de la apropiación de los fondos de las subvenciones destinadas al asesoramiento agrario procedentes de Europa.
Los tres empleados fueron reclamados el martes por la Guardia Civil para que acudieran a la comandancia de Cáceres a prestar declaración un día después y allí se les notificó que una vez que prestaran declaración «se iba a proceder a su detención», según la Guardia Civil. Sin embargo finalmente solo uno de los técnicos quedó detenido, mientas que las dos mujeres fueron puestas en libertad, una de ellas (Ana Jiménez) por motivos de salud.
La Guardia Civil eleva con estos tres trabajadores investigados a diez las detenciones en el marco de la operación Tellus, además de otras seis personas investigadas dentro de la misma actuación. La operación continúa abierta y no descartan que se produzcan nuevas detenciones.
