La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Mérida dictó anoche prisión provisional para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y el secretario de Organización, Maximiano Alcón, tras tomarles declaración en el marco de la ‘Operación Tellus’, que investiga a la organización agraria por presunto fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
Los otros cinco detenidos en esta investigación (Antonia Alcalá, vicesecretaria general y mano derecha de Huertas; José Cruz, secretario de Acción Sindical y Agricultura; Miguel Leal, exsecretario de Organización; Ignacio Trejo, trabajador de la oficina de UPA en Losar de la Vera, y Juan Miguel Apolo, gerente de la empresa que contrató la entidad para el asesoramiento) quedaron en la madrugada de ayer en libertad con cargos y sin fianza, aunque se les ha retirado el pasaporte y tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados.
Tras pasar su segunda noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, Huertas y Alcón fueron trasladados nuevamente al Palacio de Justicia emeritense ayer por la mañana. Llegaron alrededor de las once, pero no fue hasta la una cuando la magristrada comenzó a tomarles declaración. Primero fue el turno de Alcón y después, a partir de las cuatro de la tarde, el de Huertas. Tras un interrogatorio de siete horas, ambos iban a ingresar en la cárcel de Badajoz.
La noticia de su envío a prisión cayó como un jarro de agua fría en las puertas de los juzgados, donde permanecían familiares de los arrestados y parte de los agricultores y afiliados que el viernes se desplazaron para mostrar su apoyo y solidaridad a los detenidos. Entre ellos estaba el secretario nacional de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, quien nuevamente criticó las formas del instituto armado y defendió que en su organización no se ha cometido ningún delito. Señaló también que han iniciado una recogida de firmas y que demostrarán que los agricultores efectivamente recibieron los servicios de asesoramiento para los que solicitaron las subvenciones, servicios que además están «auditados por la Administración».
1,8 MILLONES / Según la Guardia Civil, las pesquisas apuntan que a través de «un sofisticado entramado financiero», UPA-UCE Extremadura desvió fondos de 5.500 subvenciones de la Unión Europea y la Junta para financiarse ilegalmente entre 2013 y 2015. Las ayudas estaban destinadas al asesoramiento agrario, un servicio que para la Benemérita «no llegaba a darse o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones».
El instituto armado cifra el presunto fraude en 1,8 millones de euros y señala además que parte del dinero fue a otras empresas «con fines privados» y a la matriz nacional de UPA. La investigación comenzó hace 10 meses, a raíz de la denuncia de un agricultor de la comarca de Campo Arañuelo que en una inspección rutinaria de la Administración no pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones para recibir la ayuda: se le pidió que devolviera el dinero y decidió denunciar a la organización agraria.
El instituto armado afirma que «se ha podido comprobar» cómo algunos empleados de UPA utilizaban «mediante el engaño o tergiversando la información» a cientos de afiliados (los cifra en 1.800) para hacer circular el dinero de las subvenciones a través de transferencias bancarias y una empresa mercantil «instrumental», con el fin de que los fondos retornasen nuevamente a la organización, que supuestamente obtenía «el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a sus afiliados».
