El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha solicitado a la Junta de Extremadura los expedientes que contengan toda la documentación referente a la solicitud, tramitación y posterior concesión de las subvenciones por asesoramiento agrario prestado por UPA-UCE entre los años 2010 y 2015. La organización agraria está siendo investigada por un presunto delito de fraude en subvenciones a través de esta línea de ayudas y sus dos máximos responsables en la región, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, permanecen en prisión provisional sin fianza.
La operación se centró inicialmente en las ayudas gestionadas entre 2013 y 2015, pero según han confirmado a Efe fuentes de la Guardia Civil, a instancias del juzgado la investigación se ha ampliado tres años más, por lo que ahora se centra en el periodo 2010-2015. Las pesquisas del instituto armado cifran el presunto fraude en 1,8 millones de euros para la etapa 2013-2015.
En una nota, la Consejería de Políticas Agrarias informó ayer de que el juzgado le ha solicitado la remisión de todos los expedientes de inspecciones y control llevados a cabo en lo relativo a estas subvenciones.
Además, la autoridad judicial requiere a la Junta para que informe respecto a la forma en la que se prestaba el servicio de asesoramiento agrario de conformidad con la normativa de aplicación. Asimismo, se solicita el listado de cada una de las entidades de asesoramiento y respecto al periodo 2010, 2011 y 2012, también la información de la totalidad de las ayudas concedidas y la identificación del beneficiario de las mismas.
Según explicó el Ejecutivo, la naturaleza y extensión de la documentación y de la información requerida por el juzgado es «coincidente en muchos aspectos» con el objeto de la auditoría que la Consejería de Políticas Agrarias había puesto en marcha a iniciativa propia y de forma «preventiva» tras estallar la operación.
Por ello, explica, se pone a disposición de la justicia y solo llevará a cabo «aquellas investigaciones que sean requeridas por el juzgado para no interferir en la causa o aquellas que, en su caso, el juzgado autorice llevar a efecto».
