Los servicios jurídicos del Gobierno extremeño están estudiando todas las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la empresa pública Gpex "por si pudieran derivarse posibles responsabilidades". Así lo anunció ayer la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Cristina Teniente, al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Además, recalcó que "hay que hacer un estudio exhaustivo para ver cuál ha sido la gestión, porque un Gobierno tiene que actuar ante posibles irregularidades". Para esa tarea se encargó en los primeros consejos de gobierno una "minuciosa auditoría" completa de todo el grupo empresarial, porque "de los datos que están apareciendo, todo apunta a la existencia de un rosario de irregularidades".

Estas medidas se anuncian después de que el PP extremeño advirtiera que está estudiando la posibilidad de acometer acciones judiciales para denunciar la gestión realizada por los anteriores dirigentes de Gpex, y que en los últimos días han salido a la luz, como la compra de tres perros por más de 12.000 euros o el alquiler de una nave por 200.000 euros en dos años que no utilizó. Estas y otras situaciones "se están analizando por parte de los servicios jurídicos del Gobierno extremeño para ver si pueden derivarse posibles responsabilidades".

Por otro lado, desmintió que se hayan mandado cartas a los casi 800 trabajadores de Gpex que terminan contrato en diciembre comunicándoles que no se les va a renovar y que haya un ERE encubierto, como ha denunciado el comité de empresa, que ha comenzado la negociación con la dirección del grupo empresarial para conocer cuál es la situación y qué se piensa hacer con estos empleados. "Han sido en torno a una veintena de cartas las que se han mandado a otros tantos trabajadores que finalizan su contrato por obras y servicio en diciembre, no a 783, pero se están cumpliendo la normativa", destacó. Lo único que sucede en este asunto, insistió, es que se demuestra "que el Gobierno anterior ha cometido irregularidades" relativas a la contratación.

La portavoz de la Junta recalcó que se trata de "un nuevo problema heredado, porque lo que se desprende de la información que ha salido es la irregularidad en una serie de contrataciones", una situación que "se ha sostenido durante años a través de contratos temporales en fraude de ley".

EN DEFENSA DEL EMPLEO Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista exigió ayer que los puestos de secretaria de los altos cargos del Gobierno sean ocupados por funcionarios, tal y como marca la ley, al denunciar dos casos en los que los contratos se han realizado a través de Gpex para eludir esta obligación. Considera una "indecencia" política que mientras se pone "en peligro" el empleo de 783 trabajadores de esta empresa, la Junta la haya utilizado para contratar a las secretarias del secretario general y del director general de Agricultura y Ganadería. "Con ello consiguen colocar de secretarias de altos cargos a personas que por no ser funcionarias no podrían ocupar ocuparlos, para colocar a personas cercanas al partido incumpliendo la ley".

Además, defiende la labor de Gpex y acusa al Gobierno regional de realizar anuncios que ponen "en peligro" el futuro de esta empresa pública. Lo que hay que hacer, insisten los socialistas, es "una apuesta clara que garantice el futuro de la empresa y el empleo de la plantilla".

En este sentido, los diputados de IU-V-SIEX se muestran "alarmados" por la finalización de un 70% de los contratos y anuncian que elevarán una batería de preguntas al Gobierno regional sobre la empresa, en relación a las encomiendas de gestión encargadas, su viabilidad, de cuántos trabajadores constan, fecha de realización de los contratos y sus condiciones de empleo.