El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha requerido a la Junta los expedientes que contengan toda la documentación referente a la solicitud, tramitación y posterior concesión de las subvenciones por asesoramiento agrario prestado por UPA-UCE Extremadura durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
La Guardia Civil detuvo a siete personas en la llamada operación Tellus, que investiga un supuesto fraude en estas subvenciones y falsificación de documentos por parte de la organización agraria.
En la operación se detuvo a siete personas, de las que cinco quedaron en libertad sin fianza y con cargos, mientras que se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y el secretario de Organización, Maximiano Alcón.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha informado de que el juzgado le requiere la remisión de todos los expedientes de inspecciones y control llevados a cabo por este departamento de la Junta relativos a la concesión de estas subvenciones.
Por otro lado, el juzgado requiere a la Junta para que informe respecto a la forma en la que se prestaba el servicio de asesoramiento agrario de conformidad con la normativa de aplicación.
Asimismo, para que informe, respecto del periodo 2010, 2011 y 2012 de la totalidad de las ayudas concedidas, identificando al beneficiario de la ayuda, así como el listado de cada una de las entidades de asesoramiento de ambos periodos (2010-1012 y 2013-2015).
Según ha indicado la Junta, la naturaleza y extensión de la documentación y de la información requerida por el Juzgado es "coincidente en muchos aspectos" con el objeto de la auditoría que la Consejería de Políticas Agrarias había puesto en marcha.
Por ello, la Junta se pone a disposición de la justicia y solo llevará a cabo "aquellas investigaciones que sean requeridas por el juzgado para no interferir en la causa o aquellas que, en su caso, el Juzgado autorice llevar a efecto".
