La Junta todavía debe abonar a las empresas eléctricas 92 millones de euros por el denominado impuesto ecológico que les cobró desde 1998 al 2005 y que anuló el Tribunal Constitucional el 13 de junio del año 2006. Al día de hoy, el Ejecutivo regional les ha devuelto 142,8 millones de los 234,8 que el Gobierno autonómico ingresó indebidamente en este período según la sentencia del TC. Así lo manifestó ayer la directora general de Hacienda de la Junta, Antonia Cerrato, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Parlamento extremeño. Ahora debe pagar esos 92 millones "aplazados" a través de cuatro convenios firmados con las compañías Iberdrola, Endesa, Telefónica y Unión Fenosa. Este impuesto fue creado en 1997 para gravar las centrales de generación, el número de torretas y los kilómetros de tendido eléctrico.
Cabe recordar que aquella sentencia del TC se refería a las cantidades cobradas al amparo de la Ley de Medidas Fiscales sobre la Producción y el Transporte de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente, que es como se llamó aquella normativa en vigor desde 1997 al 31 de diciembre de 2005. Dicha ley fue derogada mediante la Ley de Reforma de Tributos Propios que entró en vigor el 1 de enero de 2006, la cual, sin embargo, conserva el impuesto en términos similares a la norma anterior.
Cerrato explicó que en total son once las entidades afectadas por la devolución tras haberse producido algunas fusiones o absorciones y que las devoluciones se han realizado con remanente de tesorería. Así, a finales del año 2007 se pagó un total de 7,3 millones de euros a cuatro empresas, y la Junta firmó un convenio con Iberdrola para devolver otros 63 millones. Ya en el 2008 tres convenios firmados con Endesa, Telefónica de España y Unión Fenosa propició el pago de 72,3 millones de euros.
El resto de la deuda, esos 92 millones de euros, se pagará progresivamente hasta el año 2012; a razón de 21,7 millones este año; 22,6 millones en el 2010; 23,4 en el 2011; y 24,3 millones en el año 2012.
Cerrato insistió en que la Junta ha arbitrado un sistema de pago que no ocasiona ningún quebranto a la hacienda regional, y que el impuesto ecológico "sigue vigente puesto que lo que anula la sentencia del Tribunal Constitucional es la norma de 1997 pero no la reforma de la ley que se realizó a finales de 2005 que continúa vigente y que no ha sido recurrida, que se ajusta a la sentencia anterior".
DUDAS EN EL PP Estos argumentos no apagan las críticas del PP. La diputada popular Cristina Teniente recordó ayer que su grupo advirtió desde un principio que aquella ley "tenía vicios de inconstitucionalidad", y dijo tener sus "dudas" acerca de que no se resientan las arcas públicas al proceder a una devolución de 234 millones de euros. Por ello, indicó que la Junta "debe aprender de estos errores" y espera que "vaya tomando nota" de cara al proceso de elaboración de las leyes, así como que "haga de vez en cuando caso a las advertencias" que hace el PP "siempre desde la voluntad de aportar, de colaborar".
