La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, aseguró ayer que el cierre del ejercicio económico de 2016 en Extremadura es una exigencia del Gobierno de la nación para cumplir con los objetivos de déficit y no afecta al normal funcionamiento de servicios como la sanidad y la educación. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado miércoles la orden por la que se cierra el ejercicio presupuestario de la Comunidad cuatro meses antes de lo previsto, lo que significa, entre otras cuestiones, que los documentos que conlleven compromiso de gasto dejarán de tramitarse y admitirse, salvo excepciones.

El PP pidió explicaciones a la Junta por este cierre "prematuro" y tanto CCOO como la Confederación Regional de Empresarios (CREEX) han mostrado su preocupación por la repercusión que pueda tener en la economía extremeña.

La consejera, que solicitó ayer que no se haga "demagogia" con esta cuestión, recordó que "España está intervenida por la Unión Europea y Extremadura por el gobierno de España" y explicó que el pasado mes de julio se recibió un escrito del Ministerio de Hacienda en el que se exigía que se cerrase el ejercicio de 2016 antes del 5 de septiembre. Por este motivo, insistió en que el Ejecutivo de Fernández Vara "mantiene el compromiso y lealtad con el Reino de España" como siempre se ha hecho sin que se comprometan inversiones en sanidad, educación o dependencia. Pilar Blanco aclaró, así mismo, que este cierre no afecta a proyectos financiados con fondos europeos o transferencias del Estado, sino solo al gasto corriente financiado con recursos propios de la administración regional y que no sean los referidos a materia social y educativa.

La consejera también explicó que se ha solicitado al Ministerio de Hacienda una prórroga hasta el 15 de septiembre para facilitar la documentación requerida en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que le ha sido concedida, así como que ha pedido comparecer en la Asamblea para informar de estas medidas.

Pilar Blanco aprovechó su comparecencia para adelantar dos datos que son de importancia para conocer la situación económica de Extremadura: el del periodo medio de pago a proveedores, que se ha cumplido en julio, situándose en 17 días; y el del déficit definitivo del ejercicio de 2015, que se ha quedado en el 2,79 por ciento.

Para la consejera, este dato es "una razón de más" para que el Gobierno establezca un objetivo de déficit diferenciado para Extremadura, más flexible y con el mismo plazo, como mínimo, que tiene en Estado. Según dijo, además, es necesario que se le comunique a Extremadura ya el techo de gasto, la fijación del objetivo de déficit y saber cuáles son las cantidades que se recibirán del Estado para elaborar su presupuesto.