Los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura estudian la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto del Ministerio de Educación que regula las 'reválidas' de ESO y Bachillerato, publicado en el BOE el pasado 30 de julio.

Además, la Consejería ya ha enviado una carta al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, para solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para abrir un debate sobre las 'reválidas', donde se escuchen y se tengan en cuenta las propuestas de todas las comunidades, así como para pedir la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE.

Fuentes de la Junta han recordado que en la última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada en mayo, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, solicitó, al igual que los representantes de once comunidades autónomas más, que se retiraran los proyectos de decretos de estas pruebas.

Las peticiones fueron ignoradas por el titular de Educación en funciones del Gobierno Central, y por eso, la consejera considera una "irresponsabilidad que un Gobierno en funciones apruebe, de manera unilateral, una norma con tanta trascendencia para el alumnado y el profesorado, desoyendo una vez más las aportaciones y las quejas de las comunidades autónomas".

Gutiérrez asegura que esta manera de actuar del ministro en funciones "demuestra verdaderamente la nula voluntad y capacidad de llegar a acuerdos del ministro en funciones, aprobando por su cuenta medidas de esta índole, tan contestadas y rechazadas por la comunidad educativa".

Según la titular de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, "de nuevo, el ministro de Educación en funciones se contradice, al manifestar por un lado que la LOMCE era negociable y, por otro, sacar adelante sin consenso las diferentes medidas de esta ley tan perjudicial para la comunidad educativa".

"Mantenemos nuestra oposición a este tipo de medidas, que van en contra de los métodos innovadores y la evolución hacia una educación de calidad, integradora y participativa, por los que apuesta esta Consejería, y que nos retrotraen casi 50 años atrás, con normas segregadoras y obsoletas", ha manifestado Gutiérrez Morán.