Más de cien mil euros en multas y 346 expedientes sancionadores desde el 2016 es el balance de los primeros años del decreto de trazabilidad puesto en marcha para reducir los robos durante las campañas de la recogida de la aceituna y la uva. La regulación fue una reivindicación de los agricultores ante las oleadas de robos que estaban sacudiendo a ambos sectores y que obligaron incluso a reforzar la vigilancia en las explotaciones, con más efectivos de la Guardia Civil (se movilizaron efectivos de los grupos especiales ROCA y se mantienen los dispositivos que se aprobaron hace tres años, con siete unidades en Badajoz y otras tantas en Cáceres, con 35 efectivos en cada provincia), guardas privados y también con patrullas ciudadanas que aún hoy siguen funcionando, aunque la sensación generalizada en las organizaciones agrarias y los propios agricultores es que la normativa ha contribuido a mejorar la situación en las explotaciones.
En esta campaña (a punto de terminar) se han iniciado más de medio centenar de expedientes sancionadores por los que se han puesto multas por más de 15.000 euros, lo que supone una reducción por encima del 75% de las infracciones detectadas en el último año según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Parte de esos expedientes se inician con la intervención de la Guardia Civil, ya sea en las inspecciones rutinarias tanto a particulares como a centros de recepción, como en actuaciones tras una denuncia concreta por parte de algún agricultor. «Este año se han reducido notablemente las acciones delictivas según nos trasladan los equipos ROCA y los propios agricultores», aseguran fuentes del instituto armado. De hecho, según los datos aportados a este diario por la Guardia Civil, en la campaña de la recogida de la aceituna en curso, se han iniciado 68 expedientes sancionadores por no acreditar el origen de las olivas transportadas, lo que supone una reducción del 47% respecto a los datos de la campaña anterior. Entonces se iniciaron 161 procedimientos. En todos los casos se trata de denuncias relativas a «deficiencias en la trazabilidad de las aceitunas», tanto en el caso de particulares que pretendían entregar aceitunas en cooperativas o almazaras, así como a algunos de estos centros, que no podían acreditar el origen del fruto que almacenaban, según detalla la Guardia Civil.
sube en cáceres / Por provincias, contrasta en todo caso la situación entre Cáceres y Badajoz. Mientras en el caso de Badajoz se han reducido de forma muy acusada (en la campaña en marcha se han iniciado 18 expedientes sancionadores frente a los 128 que se pusieron en marcha el año anterior), en la provincia de Cáceres este año se han incrementado los expedientes sancionadores (frente a los 33 que se iniciaron en la campaña pasada este año, con la campaña aún en marcha, ya se han activado 50 expedientes). «Es solo porque se han incrementado los controles, principalmente en cuanto a los centros de recepción de aceitunas», según indican fuentes de la Guardia Civil en Cáceres, que apuntan, igualmente, a la aplicación del decreto de trazabilidad desde el 2016 y la obligatoriedad de acreditar el origen de los frutos que se transportan (en el caso de los agricultores) o que se recepcionan (en las cooperativas o almazaras) como una herramienta que ha contribuido a dar estabilidad a los agricultores.
las sanciones/ Desde el 2016, la Junta ha impuesto 109.000 euros en sanciones en un total de 346 expedientes abiertos por irregularidades para acreditar el origen de las aceitunas (hay otros 19 expedientes también por irregularidades en el caso de las uvas). En la primera campaña con el decreto en vigor (comenzó a aplicarse a finales de 2016) la Junta tramitó 128 expedientes sancionadores (todos ellos por deficiencias en la trazabilidad de las aceitunas, no hubo ninguno por problemas en el transporte de las uvas porque cuando entró en vigor la campaña de recogida de la uva ya había terminado) con sanciones por 38.400 euros. Un año después se tramitaron 184 expedientes sancionadores (siete de ellos correspondientes a la campaña de la uva) con sanciones por 55.200 euros. Y en la campaña en curso (abierta aún en el caso de la aceituna) la Junta ha resuelto ya 53 expedientes (de ellos hay 12 referentes a la campaña de la uva) que incluyen sanciones por 15.900 euros.
