La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente mantiene un litigio con los propietarios de las 1.600 hectáreas de viñedo ilegal --el que no tiene derechos a percibir ayuda por no estar incluido en el contingente español-- que existen aún en Extremadura. A todos ellos se les ha comunicado la situación irregular de su explotación y los expedientes se encuentran aún en vía administrativa o pendientes de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), si los afectados han optado por un recurso contencioso.

Se trata de hectáreas plantadas antes o después de 1998 --el año de referencia elegido por la normativa aprobada en el 2000-- pero que carecen de derechos. "Se trata de una superficie contingentada y lo que no se puede permitir es que un agricultor se salte la norma y añada producción a un mercado que ya está saturado", explicó ayer a EL PERIODICO Antonio Cabezas, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta.

INVESTIGACION DE LA UE La Comisión Europea estudia reclamar a España la devolución de 103 millones de euros por irregularidades en las plantaciones de viñedos entre las campañas 1998 y 2001. Se trata de ayudas cobradas por la producción en explotaciones con viñedo ilegal. El consejero de Agricultura de La Rioja, Javier Erro, ha afirmado que la sanción es fruto de las investigaciones de la Comisión Europea en Extremadura y Castilla-La Mancha. "Me parece que es hora de que se tomen en serio la plantación ilegal de viñedos en otras comunidades", dijo.

Cabezas confirmó que efectivamente hubo investigación en el 2002 pero que afectó a todas las comunidades. En Extremadura se detectó "un problema real con las plantaciones ilegales". En la actualidad son 1.600 las hectáreas de vid pendientes de eliminar, a pesar de que en el último año se han arrancado 340.

Cabezas ve en esta acusación de La Rioja "intereses inconfesables" de algunas comunidades ante la "pujanza" de nuevas zonas vinícolas como la extremeña. Asegura que lo que está haciendo la Junta es "presionar por distintas vías" para lograr el arranque de esas 1.600 hectáreas de viñedo que quedan en situación irregular en la región, pero que los procesos administrativos o judiciales tienen su plazo.

El viñedo no tiene ayudas a la superficie --salvo para los planes de reconversión varietal-- pero sí por la producción de mosto, el almacenamiento de vino o la destilación para uso de boca (para la elaboración de coñac) o de crisis (por excedentes en el mercado). El Ministerio de Agricultura ha anunciado que intentará alcanzar un punto de conciliación con la UE para rebajar la multa, que no se conocerá hasta después del verano.