La Junta de Extremadura suscribirá un Acuerdo de Cumplimiento de Objetivos con cada uno de sus empleados, en base al que evaluará su rendimiento, conducta y formación, con la posibilidad de que el resultado tenga un reflejo en sus retribuciones complementarias.
Así lo anuncia el director general de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, Juan Carlos Escudero, que ha presentado en el Parlamento este modelo elaborado por la Administración, que ahora debe ser elevado a los sindicatos para su negociación.
Lo ha hecho ante la Comisión de Administración Pública, en la que ha comparecido para responder a una preguntada del diputado del PP Antonio Quintana sobre los criterios que está siguiendo la Junta en los sistemas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo, en base a lo impuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El director general explica que la Administración ha elaborado un modelo -denominado Acuerdo de Cumplimiento de Objetivos y conocido hoy por vez primera- que se trata de una "propuesta" que ahora debe ser negociada con los sindicatos, dado que el ánimo del Gobierno es que sea consensuada.
Aplicación a todos los empleados y acuerdo individual
En su opinón, es una propuesta de obligatoria aplicación a todos los empleados y basada en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. En ella se establece que la Junta suscribirá un acuerdo individual con cada trabajador, en el que se fijará una serie de objetivos a cumplir, tanto a nivel individual -mediante un modelo anual en el que se fijarán logros "concretos, medibles y pactados con el trabajador"- como dentro de su unidad.
En segundo lugar, se evaluará la conducta de cada empleado en base a seis competencias: capacidad de aprendizaje, colaboración y cooperación, mantenimiento voluntario de la calidad de trabajo, uso adecuado de los recursos laborales, asistencia al trabajo y uso eficiente del tiempo, e iniciativa.
Y, en tercer lugar, se tendrá en cuenta su formación en tres categorías: la formación recibida por el empleado público, la impartida por éste y la participación en actividades de mejora.
Estos tres apartados tendrán un peso diferente en la evaluación general del trabajador, de modo que el cumplimiento de los objetivos tendrá un peso del 60 por ciento en la puntuación -30% los objetivos colectivos y 30% los individuales-, la conducta un 20 por ciento y la formación otro tanto.
En función del resultado, se considerará que el trabajador obtendrá un nivel de excelencia cuando obtenga entre 85 y 100 puntos; destacado si consigue entre 65 y 84; adecuado si es entre 40 y 65; e insuficiente si su calificación es inferior a los 40 puntos.
En base a los resultados, la Administración adoptará medidas de mejora para los empleados que no obtienen el aprobado "y podría tener también, como bien dice el Estatuto Básico del Empleado Público, repercusiones sobre las retribuciones complementarias", apunta Escudero.
No obstante, sobre este último apartado no hay nada decidido "y siempre iremos al principio de la intervención e iremos a buscar el consenso con las organizaciones sociales".
El objetivo de este proceso es incrementar los niveles de calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos, según Escudero, al que el popular Antonio Quintana le manifiesta que lo "fundamental" en este contexto es "conocer las reglas de juego".
