Los hijos menores de mujeres maltratadas tendrán la consideración de víctimas de violencia de género, con los consiguientes derechos de protección ayudas económicas que correspondan. Es una de las novedades que contempla la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género, que se presentará este jueves en la Asamblea y que la Junta espera aprobar antes de que termine la presente legislatura.

La normativa permitirá la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas (igualdad de oportunidades e igualdad de trato) y garantizará los derechos de las víctimas de violencia de género (tanto de las mujeres como de sus hijos) con medidas de carácter integral, que tienen en cuenta todos los daños que estas sufren, incluidos los de tipo social y económico, y los efectos de esta violencia en la comunidad.

La norma, según explica la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, tiene un régimen sancionador y contempla el distintivo de Marca de Excelencia en Igualdad para reconocer a aquellas empresas que promulguen la equiparación laboral entre hombres y mujeres y cumplan fielmente estas buenas prácticas. A este respecto, estas empresas pueden obtener beneficios en la contratación y subvenciones públicas regulados por la Ley de Responsabilidad Social de Extremadura.

La normativa, señala Lucio, tiene una triple orientación: la prevención de las conductas discriminatorias, la promoción de la igualdad mediante la previsión de políticas activas que la hagan real y efectiva en cualquier ámbito, y la tutela de la igualdad mediante la sanción de las conductas discriminatorias.

Además, incluye medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En este sentido, la Junta ha aprobado una estrategia que se presentará próximamente en el Parlamento regional y en la que se plantean la organización de espacios, horarios y creación de servicios, y responde a la necesidad de incrementar la tasa de natalidad desde un enfoque de género, de tal manera que exista también un mayor equilibrio en el cuidado de menores y personas dependientes para lograr una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Para la consejera, se trata de una ley "clave" para las políticas de hombres y mujeres, que afectará a todas las políticas públicas.