"Quiero transmitir tranquilidad y seguridad, porque los agricultores y ganaderos van a recibir el mismo presupuesto total", es la expresión con la que la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, ha llamado a la calma este viernes ante la inquietud que las organizaciones agrarias han expresado estos días, por los fondos que percibirá el sector agrario de la región con el nuevo marco financiero pactado esta semana y refrendado el jueves por el Parlamento Europeo. En base a ese acuerdo, el nuevo presupuesto de la Política Agraria Comunitaria para los años 2021 a 2027 contempla en conjunto (pilar 1 y pilar 2) 47.682 millones de euros para España, lo que en términos absolutos supone que no se producen recortes, aunque tampoco hay un incremento destacado frente a los 47.500 millones del periodo 2014-2020: apenas 182 millones, aunque tras la sectorial de Agricultura la consejera pusiera ayer en valor los «ligeros aumentos». La postura que ya han expresado las organizaciones agrarias, a falta e ver cómo se gestiona el reparto de fondos, es que los datos no son buenos.
En el caso del pilar 1 (las ayudas directas) la previsión para los siete años es de 39.156 millones para España de los que 34.811 son para ayudas directas, lo que supone 4.730 millones anuales, ligeramente por encima de los 4.893 millones de límite del 2019, según el desglose que hizo ayer García Bernal. En cuanto al pilar 2 (los fondos Feader) a España le corresponden 7.756 millones, según el cálculo del Ministerio de Agricultura: son 1.108 millones anuales, lo que está por debajo de los 1.168 millones de límite del último año. La cuestión es que esa reducción se compensa con los 750 millones de la partida extraordinaria del fondo de reactivación, que elevan los datos de este pilar hasta los 1.218 millones anuales. Para García Bernal, son buenos datos «teniendo en cuenta el contexto», no solo la situación generada por la pandemia, sino también los efectos del Brexit, que suponen una merma del 12,5% en el presupuesto comunitario.
Junto a eso, el baile de cifras y de interpretaciones se explican también con cómo se interpretan los datos y, en concreto, si se tiene o no en cuenta cómo evolucionará la inflación de ese periodo: si se habla de precios constantes o precios corrientes. El planteamiento de la consejera, y el que defiende que se ha seguido a la hora de analizar presupuestos anteriores, es que hay que tomar los datos absolutos y por tanto no tener en cuenta la situación en la que estará la inflación (precios corrientes). La postura que defienden las organizaciones agrarias, por ejemplo, es que el incremento que se prevé de la inflación en los próximos años sí es determinante para conocer hasta dónde van a poder llegar los agricultores y ganaderos con los fondos que perciban. La previsión con la que ellos cuentan, es que la inflación subirá y por tanto, recibir los mismos fondos que en el año 2014 supondrá en realidad disponer de menos recursos.
«No se puede tener en cuenta la inflación si no se sabe cómo va a ser la inflación», sostuvo por contra ayer García Bernal.
Hasta 2023
La clave estará ahora en cómo planifica España el destino de esos fondos. Eso es lo que se ha visto en la reunión sectorial del jueves y lo que se va a analizar en los próximos meses. La nueva PAC no entrará finalmente en vigor hasta enero del 2023 y se ha fijado un periodo transitorio en el que se trabajará con el nuevo presupuesto, pero con los criterios del periodo 2014-2020. Mientras tanto hay que definir las líneas estratégicas antes de en junio de 2021 para que se aprueben en 2022.
Agricultores genuinos y ayuda a los pequeños
Extremadura defenderá en las negociaciones de las líneas estratégicas para la nueva PAC que los ‘agricultores genuinos’ sean los únicos perceptores de las ayudas directas y que únicamente tengan esta consideración quienes tienen actividad productiva acreditada en el campo. «No se pueden establecer condiciones artificiales y eso supone que aquellos perceptores que declaran barbecho exclusivamente o pastos sin ganado y sin una actividad agraria constatable, debe ser eliminados como ‘agricultor genuino’», defendió ayer la consjera de Agricutlura, Begoña García Bernal. Considera además que la proporción de los ingresos por la actividad agrícola sobre los totales debe estar entre el 20 y el 30% para tener esa consideración. De los 46.000 agricultores y ganaderos perceptores de la actual PAC en la región, podría haber 30.000 y 34.000 ‘agricultores y genuinos’, según su estimación.
Junto a eso, apoya también un régimen de pequeños agricultores, con un máximo de entre 2.000 y 3.000 euros y un máximo de hectáreas también. Se habilitaría para esto un pago simplificado, con el fin de incentivar el desarrollo de la agricultura, aunque sea de forma parcial «puesto que tiene un papel muy importante en comarcas desfavorecidas y en la lucha contra la despoblación».
La junta plantea ademeás una regionalización del pago básico atendiendo a criterios agronómicos y socioeconómicos.
