La Junta de Extremadura valora el acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, rubricado entre el Ministerio de Hacienda y las fuerzas sindicales, pero exige la devolución de las competencias sobre la jornada laboral a las comunidades autónomas. De este acuerdo tuvo ayer conocimiento la directora general de Función Pública de Extremadura, María del Carmen Vicente, durante el desarrollo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que se celebró en Madrid.
El Ejecutivo extremeño destacó en un comunicado que, tal y como recoge el acuerdo, la gestión de la jornada ordinaria de trabajo no debe estar supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de cada comunidad autónoma. Esta situación abre una brecha entre las regiones y promueve que haya funcionarios «de primera y de segunda, al mismo tiempo que enfrenta a los gobiernos autonómicos entre sí».
«Extremadura ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años para cuadrar sus cuentas sin recortar en las políticas sociales», subrayó la Junta de Extremadura.
A su juicio, el Ministerio de Hacienda obvia ahora este esfuerzo y vuelve a relegar a la comunidad extremeña a un papel secundario y a sus empleados públicos «a soportar el peso de las reformas».
Hay que tener en cuenta que Extremadura ha rebajado su déficit más de un 70% desde 2014 a 2017, lo que se traduce en una reducción de 323 millones de euros.
