La decisión de la Junta de Extremadura de poner a la venta 14.000 viviendas sociales de la región originó ayer un cruce de acusaciones entre la Administración autonómica, el PSOE y el PP. Los populares, a través de su secretario de comunicación, Tomás Martín Tamayo, calificaron la medida como "disparate" y consideraron que será perjudicial para el sector de la construcción.

Martín Tamayo explicó que esta iniciativa "no es una solución" a la crisis que sufre la economía, en general, y la construcción en particular. En su opinión, la venta de estas viviendas únicamente supondrá una "mayor competencia" entre las empresas dado que "no encuentran compradores" en el mercado actual.

Por su parte, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, insistió en que la medida servirá para reinvertir fondos en el sector de la construcción, que, según manifestó, "no ha puesto ninguna objeción y está totalmente de acuerdo". En este sentido, señaló que ha expuesto el plan a empresas promotoras y que éstas lo han respaldado. Asimismo, insistió en que también beneficiará a los inquilinos, que podrán disfrutar de la vivienda en propiedad y dejar el régimen de alquiler.

También defendió la iniciativa el PSOE extremeño. La portavoz de la Ejecutiva Regional, María Ascensión Murillo, declaró ayer que con la venta se conseguirá arraigar a los inquilinos en el lugar de residencia, ampliar el patrimonio de estas familias y obtener recursos para mejorar los servicios.