La Junta de Extremadura reabrirá total o parcialmente algunas de las urgencias sanitarias rurales cerradas hace seis meses, según anunció ayer el consejero del ramo, Luis Alfonso Hernández Carrón. En este sentido, el titular de Salud y Política Social explicó al término del consejo de gobierno, a preguntas de los periodistas, que de forma "inminente" se conocerá el estudio que se ha elaborado sobre el impacto que ha tenido el cierre de estos Puntos de Atención Continuada (PAC).

Este informe se ha hecho eco de las derivaciones que se han producido desde las urgencias rurales hasta los PAC de cabecera y, en función de ellas, será necesaria una apertura parcial o total de los servicios que se había clausurado. No obstante, Hernández Carrón advirtió que no todos estos servicios estarán abiertos como hasta ahora, ya que la "incidencia" de algunos de ellos ha sido "escasísima".

A su juicio, la planificación de las urgencias ha dado una buena respuesta en estos seis meses, en consonancia con los 30 minutos que marca la ley como máximo para llegar hasta ellas. Por último, el consejero subrayó que, como dijo el presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, se abrirán "por razones y no por presiones".

AYUDAS PARA ARRENDATARIOS Por otro lado, el consejo de gobierno aprobó ayer un decreto por el que se establecen medidas que buscan aliviar la situación de las familias más desfavorecidas por los efectos de la crisis económica y que sean arrendatarias de viviendas de promoción pública. Según explicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno regional, Cristina Teniente, la nueva normativa regula un procedimiento para la minoración de las cuotas a cero (es decir, su supresión) por un periodo máximo de dos años para esas familias.

En este sentido, la vicepresidenta señaló que con este decreto se ha pretendido reconocer "el esfuerzo que aquellas unidades familiares realizan a pesar de sus dificultades económicas porque han sabido valorar la vivienda que ocupan en régimen de alquiler como prioritaria para su proyecto familiar".

Para que estas familias puedan beneficiarse de las ayudas, el decreto establece una serie de requisitos. Uno de ellos es que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que el esfuerzo que represente el pago del importe de la renta, sobre la renta de la unidad familiar, se haya multiplicado por al menos 1,5.

Igualmente, según se explicó desde la Junta de Extremadura a través de un comunicado, el decreto incorpora la potestad de elección por parte de los ayuntamientos del sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, independientemente de la ubicación que tengan las mismas (sorteo o baremación).