El secretario general de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias de la Junta de Extremadura, Francisco Javier Fernández Perianes, ha anunciado este lunes que el nuevo Gobierno regional ha reducido las gerencias territoriales del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que pasan de cinco a dos.
Fernández ha acudido este lunes, junto a la nueva directora gerente del Sepad, María Dolores Beltrán, a la toma de posesión del nuevo gerente territorial en Cáceres, Manuel Granado, tras hacer lo mismo en Badajoz, donde ha tomado posesión como gerente territorial de Badajoz, M Visitación Muñoz.
En un encuentro con los medios de comunicación en la capital cacereña Fernández ha explicado que este nuevo organigrama del servicio encargado de aplicar en la región la Ley de Dependencia, responde a la política de reestructuración que está llevando a cabo el Ejecutivo de José Antonio Monago "para adaptar los servicios a la realidad de Extremadura".
Ha explicado que con la eliminación de tres gerencias territoriales "se consigue una reducción de altos cargos en aras a una mayor eficiencia" para "llevar a cabo, e incluso aumentar, los servicios de la Ley de Dependencia en la región". "La intención es reducir altos cargos pero seguir prestando la misma atención y aumentar las prestaciones", ha enfatizado.
EL MISMO PERSONAL
En su comparecencia ha agradecido a los anteriores gerentes el trabajo que han desarrollado y ha anunciado que la nueva organización no implicará la reducción de personal funcionario y laboral de las gerencias "porque lo que interesa es llevar la Ley de Dependencia a sus máximos extremos".
"El PP mantiene siempre una alta sensibilidad con los temas sociales y por eso no habrá recortes en temas sociales y sanitarios, ya que es fundamental para poder desarrollando las labores sociales y sanitarias", asegura.
En este sentido ha anunciado que "después de un diagnóstico" de cómo está el Sepad, el nuevo Gobierno regional se ha encontrado "problemas técnicos" y con la necesidad de "mejorar instalaciones" y "reducir las personas que están a la espera de ser valoradas para saber si se les puede aplicar la ley".
