La Consejería de Igualdad ha hecho pública una declaración institucional en la que renueva su compromiso con las víctimas de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con motivo de la celebración, ayer lunes, del Día Internacional de Lucha contra este delito.

En el texto, el Gobierno regional recuerda que según datos del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 94% de las víctimas de la trata y la explotación sexual son mujeres y niñas. Advierte además de que la pobreza, las migraciones, los conflictos armados y el cambio climático, además de las miles de personas desplazadas que huyen a consecuencia de estos desastres, se sitúan entre las causas «de una realidad aterradora y cruel en la que miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente».

Se trata, añade la declaración institucional, de un problema de dimensión transnacional pero también nacional, regional y local «en el que hay que poner los derechos humanos y la justicia en el centro de nuestros esfuerzos».

La igualdad de género, señala la Consejería, es un principio fundamental de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible recuerdan a los gobiernos y la sociedad civil que en su consecución es necesaria la erradicación de cualquier tipo de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la trata y la explotación sexual. Por ello, reitera el compromiso de la Junta de Extremadura con las víctimas «reforzando el apoyo directo a las mismas y trabajando en la prevención».

«Más educación, empleos más decentes y una atención especial al fenómeno de la migración con perspectiva de género deben estar presentes en la agenda política», añade la declaración.

Por último, citando a Nadia Murad -Premio Nobel de la Paz 2018- en la cumbre de Doha, afirma: «Hemos escuchado palabras de apoyo. Es tiempo de hechos».

Según la Policía Nacional, la trata de personas existe en Extremadura, aunque es un delito invisible porque la sociedad no se percata de ello, y que las víctimas suelen ser ciudadanos procedentes de Sudamérica y Rumanía.