El Gobierno extremeño estudia la elaboración de un plan de ordenación de empleados públicos, con el objetivo de "rindan de una manera más adecuada" según sus capacidades. Esta medida se irá aplacando paulatinamente, comenzando por las consejerías más pequeñas en cuanto a personal (las de Administración Pública y Economía y Hacienda) hasta llegar a las más numerosas. Todo ello, con la concertación y el diálogo con los sindicatos. Otra de las iniciativas previstas es la implantación del teletrabajo entre los funcionarios; es decir, que trabajen desde casa con los medios adecuados, como ya se hace en Castilla y León y el País Vasco. Así lo manifestó ayer el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, durante su comparecencia en la Asamblea de Extremadura para explicar las líneas básicas de su departamento durante la presente legislatura, que respecto a la función pública se basará en tres ejes: la dignificación y reubicación jurídica y social de los funcionarios, el aumento de su conocimiento y reconocimiento social, y potenciar su motivación profesional. A este respecto, insistió en desterrar "esa leyenda negra por la que se vincula al empleado público con una actitud de laxitud, poca profesionalidad y con vinculaciones políticas". En la región trabajan casi 100.000 funcionarios, la mitad de ellos pertenecientes a la Junta.

Asimismo, el consejero avanzó que su cartera "trabajará en una profunda mejora de procedimientos de selección bajo estrictos criterios de seguridad, certeza e igualdad, "recuperando --en el articulado de la Ley de Empleo Público Extremeño-- el calendario de convocatoria y desarrollo del proceso de oposiciones que se recoge en el artículo 18 de la Ley 30/84"; así como en una mejora de la respuesta en caso de incumplimientos o malas prácticas; en la eliminación de los reconocimientos extraordinarios (como ya se comprometió la pasada semana en el pleno del Parlamento); en el desarrollo de la carrera administrativa y en la apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar ,"a través de medidas entre las que puede destacar la regulación jurídica e implementación del teletrabajo". A este respecto, señaló que "tenemos posibilidades de establecer un marco jurídico y los medios tecnológicos suficientes para que muchos trabajadores puedan desempeñar sus funciones desde sus casas con absoluta garantía para el interés general y para el suyo propio". Esta medida ya está vigente entre los funcionarios que trabajan en el País Vasco y en Castilla y León.

¿QUE ES EL TELETRABAJO? Los funcionarios vascos del Departamento de Justicia, por ejemplo, comenzaron en enero pasado y de forma experimental a trabajar de esta manera. Durante cuatro meses lo hicieron desde sus casas tres días por semana, donde disponían de una conexión a internet con una línea distinta de la doméstica, por motivos de seguridad, y de móvil y portátil de empresa si lo desean. El Gobierno vasco buscó determinados perfiles como traductores, empleados del área de asesoría jurídica, trabajadores que elaboran informes y análisis, diseñadores web, etcétera; pero no pudieron presentarse, entre otros, los jefes de servicio y las personas encargadas de la atención al ciudadano. A la hora de dar prioridad a los empleados públicos para trabajar desde sus domicilios se tuvo en cuenta sobre todo la conciliación familiar (personas con hijos o a cargo de personas mayores), la salud laboral (trabajadores con problemas de movilidad), la lejanía del puesto de trabajo, la disponibilidad de quienes estudian posgrados y cursos relacionados con el trabajo, y el estado de las telecomunicaciones.

En el caso de la Administración extremeña, el consejero recalcó que el objetivo de todas las medidas previstas es "mejorar la calidad del servicio, una mayor simplificación y la transparencia en la gestión"; no en vano, comentó Nevado-Batalla, esta transparencia estará regulada por ley.

Para desarrollar estar actuaciones, además de esta normativa para dar luz a la gestión, su departamento utilizará iniciativas como el articulado de los Presupuestos Generales, la Ley de Empleo Público Extremeño o decretos sobre provisión de puestos de trabajo o selección de personal.

A la espera de conocer más al detalle todas estas cuestiones, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT y de CCOO les parecen apropiadas, ya que algunas de ellas son demandas sindicales, pero prefieren no pronunciarse mucho más hasta no mantener una reunión con el consejero para abordarlas, una cita que ya han solicitado.