La Junta de Extremadura y los sindicatos aprobaron ayer la oferta de empleo público de 2018, que contará con un total de 1.003 plazas. Así se acordó en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública, que estuvo presidida por la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y que contó con los representantes de los tres sindicatos que forman parte de este órgano de negociación: CSIF, CCOO y UGT.
Esas 1.003 plazas se distribuyen entre los tres sectores de la administración regional: 434 pertenecen al ámbito sanitario, 358 a Educación y el resto, 211, a la Administración General. Del total, 955 son del turno libre y 48 de promoción interna (28 de Sanidad y 20 de Administración General). Todas estas plazas corresponden prácticamente al personal de la administración regional que se ha jubilado a lo largo de este año 2018 en los tres ámbitos. Y eso es lo único que el Estado permite a las comunidades sacar a oposición puesto que se mantiene la tasa de reposición en el 100%, es decir, que se puede ofertar la totalidad de las plazas que se quedan vacantes por jubilación o fallecimiento pero nada más. Aún así, los sindicatos recuerdan que la legislación estatal mantiene esa tasa de reposición en el 75% en el caso de algunas categorías «no prioritarias» del ámbito de la Administración General, lo que supone que en estas no se están cubriendo todas las plazas que se están quedando vacantes. Y esta es la principal crítica de los tres sindicatos de la Mesa General.
VALORACIONES / Desde CSIF, Juanjo Samino, considera que la oferta aprobada es «insuficiente porque no debería existir ninguna tasa de reposición y se deberían sacar todas las plazas vacantes que hay en la administración regional», señala. Aún así, apunta que la legislación estatal hay que cumplirla y la cifra presentada por la Junta es «aceptable, porque es lo máximo que permite la ley». Desde el sindicato han solicitado que estas plazas salgan pronto a oposición, que se convoquen también las pendientes de la oferta de empleo extraordinaria y que los procesos de selección se realicen de forma ágil y con garantías.
Para Esther Ávila, de CCOO, la oferta también es «insuficiente» en términos generales. «Desde que empezó la crisis económica las tasas de reposición han sido mínimas y a estas alturas todavía no nos hemos repuesto de la pérdida de empleo que han supuesto esas medidas impuestas por el Estado en el 2012», lamenta. Ávila recuerda que hay sectores cuya reposición continúa aún en el 75% con lo que «acarremos una pérdida de empleo que no se está cubriendo, especialmente en los sectores que son considerados como no prioritarios». Por eso, también ha pedido a la vicepresidenta de la Junta así como al Gobierno central que eliminen la normativa que vincula la oferta de empleo público al déficit autonómico. «Hay que recuperar el empleo perdido porque así no es suficiente para prestar un servicio público de calidad y está limitando mucho la posibilidad de aumentar las plantillas».
Por su parte, desde UGT, José Ignacio Luis Cansado, insiste en que las cifras aprobadas ayer son «insuficientes» porque se parte de una premisa básica para este sindicato: «y es que estamos en contra de la tasa de reposición». Recuerda que hay categorías de la Administración General en las que ni siquiera se están cubriendo todas las jubilaciones. «Ese es el principio básico con el que no estamos de acuerdo, pero teniendo en cuenta de que se trata de una norma impuesta a nivel nacional, nada se puede hacer más que aprobar la oferta de empleo público con el mayor número de plazas que permita la ley». Añade que hay determinados puestos que son deficitarios en la administración pública y que están necesitados de más plazas, y un ejemplo claro, dice, son los centros de dependencia «que antes eran residencias de no asistidos, pero con el paso de los años esos usuarios se van convirtiendo en asistidos y las plantillas que antes podrían ser adecuadas pasan a ser inadecuadas», señala.
CONSOLIDACIÓN / Pese a esas consideraciones que ayer trasladaron los sindicatos en la reunión, la vicepresidenta y consejera remarcó que la Junta de Extremadura «continúa con la consolidación y estabilización del empleo público, así como con el compromiso de mejora de la Administración Pública, que es, en definitiva, la mejora de los servicios al ciudadano», dijo. Pilar Blanco-Morales explicó que esta oferta de empleo del 2018 se aprobará en Consejo de Gobierno antes de que termine este año y que «permitirá garantizar unos servicios públicos de calidad» y también aseguró el cumplimiento del calendario de oposiciones «para dar estabilidad a los opositores».
