El Gobierno extremeño convocará este mes o en enero a las distintas administraciones, sindicatos y expertos para trabajar en una Ley del Empleo Público. Por ello, ha iniciado ya las gestiones de su plan de reorganización de los recursos humanos, que desarrollará a lo largo de esta legislatura.
Así lo explica la directora general de Función Pública, Verónica Puente, ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, en la que ha comparecido para responder algunas preguntas como la del diputado de IU-V-SIEx, Víctor Casco, quien le cuestionó sobre las previsiones en cuanto a la reforma del texto refundido de la Ley de Función Pública de Extremadura para su adecuación al Estatuto Básico del Empleo Público.
En respuesta, la directora general ha anunciado la elaboración de una Ley del Empleo Público, aunque no ha ofrecido fechas sobre su finalización, solo que este mes o el próximo se empezará a convocar a los grupos de trabajo. Ha explicado que no se trata de una modificación del texto refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, pues "nuestra intención es mucho más ambiciosa".
En este marco, la Dirección General de Función Pública ha retomado un borrador de modificación del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, en el que ya se venía trabajando con el anterior gobierno, y trabaja también en la modificación del Reglamento General de Ingreso para dotar de una "mejor" regulación a la selección de personal.
Este departamento trabaja además en un plan de ordenación de los efectivos, lo que no significa un expediente de regulación de empleo, sino estudiar "de forma seria y rigurosa" con cuántos puestos de trabajo cuenta la Administración, cómo están distribuidos y cuál es la carga de trabajo de cada uno de los empleados.
La directora general le ha hecho estas apreciaciones al diputado socialista Alfredo Escribano, quien le ha preguntado sobre el número de empleos que prevé eliminar el Ejecutivo en el marco del "adelgazamiento" de la Administración y las empresas públicas.
Puente no le ha ofrecido ninguna cifra porque, ha alegado, este plan no se puede concretar en los seis meses que el PP lleva el Gobierno, ya que se desarrollará a lo largo de esta legislatura.
Se trata de concretar medidas para mejorar el funcionamiento de la Administración y para que los empleados públicos "puedan seguir conservando sus puestos, rindiendo de la forma más adecuada y eficaz dentro de la organización administrativa, aunque sea en servicios distintos a los que estaban asignados".
En este punto, Alfredo Escribano le ha preguntado sobre la situación de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx), a lo que la directora general le ha precisado que la Consejería de Administración Pública no puede asegurar el mantenimiento de los contratos, pues "lo único que hacemos es velar por la legalidad de las actuaciones en materia de contratación de personal de GPEX".
Por otra parte, el parlamentario del Grupo Socialista Manuel Vázquez ha interrogado al Gobierno sobre si tiene previsto poner en marcha algún plan especial de empleo en las mancomunidades con el fin de compensar a éstas por los recortes que sufrirán con cargo al programa de Empleo de Experiencia.
El director general de Administración Local, Saturnino Corchero, le ha respondido que la Consejería de Administración Pública y Hacienda no tiene previsto hacerlo, aunque le ha aclarado que las competencias de empleo competen a la consejería de trabajo.
Ha señalado además que el Gobierno no tiene ningún tipo de estrategia para eliminar las mancomunidades.
Saturnino Corchero ha respondido a otra pregunta del Grupo Socialista sobre la idoneidad de elaborar una ley regional de espectáculos públicos y actividades recreativas, que a juicio del director general es necesario abordar.
