El Juzgado de lo Penal de Cáceres ha condenado, por un delito de intrusismo, a los dueños de una red ilegal de clínicas dentales con presencia en Extremadura y a uno de sus trabajadores. Sus tres centros, abiertos sin autorización en las localidades cacereñas de Alcuéscar, Aliseda y Madroñera, han sido cerrados.
Esta sentencia es pionera en la Comunidad, pues es la primera vez que un juzgado extremeño condena no sólo al intruso , sino también a los que como empresarios inducen a cometer un delito de usurpación de funciones. Además, también sienta un precedente a nivel nacional, pues aunque ya existía una única sentencia anterior en este mismo sentido --la Audiencia Provincial de Ciudad Real condenó en 1998 al regente de una clínica dental--, la ahora dictada por el juzgado cacereño castiga con mayor dureza a los dueños de las clínicas que al trabajador.
LUCHA COLEGIAL El procedimiento judicial contra el matrimonio formado por J.C.V.G. y su esposa M.C.L.C., socios fundadores y administradores de Beldental Asociados SL, se inició mediante una denuncia penal interpuesta por el Colegio de Odontólogos de Extremadura.
"Ante la presunción de las irregularidades que se desarrollaban en algunas de las clínicas propiedad de este matrimonio decidimos actuar judicialmente, como acusación particular, y ahora la justicia nos ha dado la razón", indicaron con satisfacción a El PERIODICO Juan Carlos Fernández de Ateca y Juan Ramón Corvillo, presidente y asesor jurídico del colegio.
El juicio contra los dueños de las clínicas --el boliviano J.C.V.G., y su mujer, de Fuenlabrada de los Montes-- y su trabajador en la clínica de Alcuéscar --el argentino D. P. M.-- se celebró el 20 de noviembre en el Juzgado de lo Penal de Cáceres, y en la sentencia, notificada el día 26, se considera a los tres procesados culpables de un delito de intrusismo.
- Otros siete centros extremeños están bajo sospecha
Los primeros lo son como cooperadores necesarios, "al facilitar trabajo de dentista a una persona siendo conscientes de que no había obtenido la homologación de su título en España", y éste "por no dudar en aprovechar la ilícita oportunidad brindada por los otros dos acusados".
A J. C. V. G. y M. C. L. C. se les condena a pagar una multa de 18.000 euros; y a D. P. M. de 930.
Satisfecho por este fallo judicial, Ateca manifestó que el afán del colegio al perseguir el intrusismo "es el de garantizar una correcta asistencia a los ciudadanos", y por ello advirtió del grave peligro que supone para la salud el ser tratados "por personas no competentes en tareas tan delicadas como las odontológicas".
El presidente de los odontólogos extremeños recordó lo ya publicado por este diario el pasado 10 de octubre respecto a las actuaciones judiciales del colegio, aseguró que seguirán actuando con total dureza tanto en los procesos judiciales ya abiertos como en los que puedan abrirse en el futuro y, por ello, animó a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de intrusismo.
