La Ley del Estatuto de Altos Cargos de Extremadura, cuyo anteproyecto ha sido hoy aprobado por el Consejo de Gobierno, no se aplicará a los expresidentes autonómicos, salvo que se modifique este aspecto en la tramitación parlamentaria.
Él consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado Batalla, ha explicado hoy algunos aspectos de esta normativa, cuya aprobación ya fue anunciada ayer por jefe del Ejecutivo, José Antonio Monago, y que, entre otros aspectos, limita a dos legislaturas el mandato para los presidentes autonómicos.
Nevado Batalla ha destacado que en esta normativa "se ha querido ser elegante" con las personas que han ocupado la presidencia de la comunidad autónoma.
El anteproyecto también recoge que los cargos públicos del Gobierno extremeño no podrán desarrollar hasta dos años después de haber cesado en su puesto actividad alguna en el sector privado relacionada con el ámbito de competencias que han llevado a cabo en la administración.
Esa carencia de dos años también se aplica a los dos años anteriores a ocupar un cargo público, de tal modo que no se podrá desempeñar en la administración una función relacionada con el ámbito privado de procedencia.
Según ha dicho, Extremadura cierra la denominada "puerta giratoria" y las posibilidades que hasta ahora tenían los cargos públicos, una vez finalizada su función, de desarrollar funciones en un sector económico-privado relacionado con el ámbito competencial en el que han estado en la administración.
Para Nevado Batalla, esta limitación es "una de las más rigurosas y severas" y ha insistido en que no se trata de una mera declaración de intenciones, sino que se está estableciendo un régimen propio de sanciones e infracciones.
En este sentido, ha explicado que en el caso de las considerada muy graves puede llevar a la imposibilidad de volver a ocupar un cargo público en Extremadura por un período de tiempo de entre 5 y 10 años.
Nevado Batalla ha insistido en que la norma que tiene como objetivo la regeneración de la vida pública y el fortalecimiento de la democracia, así como dar mayor credibilidad a los ciudadanos sobre sus instituciones y las personas que gestionaran esas instituciones.
El consejero extremeño ha destacado que esta es la primera norma nacional que se elabora para formalizar "una idea que subyace en el sentir político y ciudadano, pero que a veces no se da o se tarda demasiado tiempo" en plasmar jurídicamente.
El anteproyecto amplia la definición de la figura del cargo público, en la que además de los altos cargos reconocidos por la normativa regional se incluyen el personal directivo de las empresas o servicios públicos y determinado personal eventual, como asesores.
También ha insistido en que se refuerza el cumplimiento de los principios de conducta y parámetros de comportamiento que ya se preveían en la Ley de Gobierno abierto, ya que "se regula de manera precisa el conflicto de intereses" de los cargos públicos.
El consejero se ha mostrado convencido de que al igual que ocurrió en la Ley de Gobierno Abierto, se conseguirá el máximo consenso.
Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Teniente, ha añadido que Extremadura da "un ejemplo más" de que se cumplen los compromisos y ha lamentado que otros dirigentes hagan críticas cuando tuvieron oportunidad de regular estas situaciones cuando estuvieron en el gobierno.
El Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria de las ayudas destinadas a la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la región para este ejercicio, que cuentan con una inversión total de 1.350.000 euros.
En Salud y Política Social, el consejo ha aprobado un nuevo decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgarse en materia de servicios sociales especializados para permitir un conocimiento rápido y sencillo por los posibles beneficiarios.
Las ayudas se dirigen a financiar a entidades locales y entidades privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales a personas mayores, entidades públicas o privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad, a programas de atención a personas con trastorno mental grave y a programas de atención a personas con deterioro cognitivo.
Con esta medida, se refunde en un solo decreto la normativa existente en materia de servicios sociales especializados, manteniendo las líneas de subvención reguladas en el anterior texto normativo.
