El proyecto de ley de Ley de Convivencia y Ocio de Extremadura, conocida como ley antibotellón , ha recibido un total de 97 enmiendas por parte de la oposición, de las que 53 parciales y una total con texto alternativo pertenecen al PP, mientras que IU ha presentado otras 43. Las propuestas abordan todos los aspectos de la ley, y, en su mayoría, están enfocadas a elevar la responsabilidad de la Junta en las medidas para desarrollar la norma y hacer efectivo su cumplimiento.

La primera fase de debate sobre este proyecto legal se desarrollará hoy en la Asamblea, con la discusión del texto alternativo de los populares. En él, se incide en aspectos como la prohibición de consumir alcohol en la vía pública si esta actividad vulnera el derecho al descanso. En este sentido, la propuesta del PP recoge que se asegura que el botellón no afecta a los vecinos si se hace a no menos de 300 metros de núcleos habitados.

Como se recordará, el primer texto de la Junta fijaba esta distancia en 125 metros, aunque en una redacción posterior se eliminó esta referencia, y se prohibió el botellón en zonas públicas, salvo en las habilitadas para ello por los ayuntamientos.

Otra aportación de la alternativa popular es que recoge que la Junta debe incluir en sus presupuestos partidas tanto para las medidas de formación y prevención del consumo de alcohol como para subvencionar las actuaciones que puedan corresponder a los ayuntamientos. Se mantiene, en cambio, la elevación de la edad mínima para consumir alcohol a los 18 años.

PAREJAS DE HECHO

Por la sesión plenaria de hoy también pasará el proyecto de Ley de Parejas de Hecho, para debatir el texto alternativo del PP.

En este caso, los populares han presentado una propuesta que elimina todos los aspectos del proyecto presentado por el Ejecutivo regional que fueron considerados como de dudosa legalidad en un informe realizado por los juristas de la Consejería de Presidencia. En concreto, el informe legal aludía a que cinco artículos pueden afectar a la "constitucionalidad de la norma". En el bloque de preceptos presuntamente inconstitucionales se incluye lo referido al acogimiento de menores y a las pensiones compensatorias en el caso de separación de la pareja de hecho.

Los juristas advertían de que la ley extremeña, caso de aprobarse así, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional.