Un esfuerzo compartido para cuidar de nuestros jóvenes». La Junta va a remitir próximamente a la Asamblea una nueva ley para poner coto al consumo de alcohol entre los menores de edad, un hábito que en la región se inicia entre los 12 y los 13 años. Según explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, el texto incide en la educación preventiva y para ello refuerza las sanciones, que van más allá del régimen económico con otras medidas como trabajos en beneficio de la comunidad o acciones de formación que permitan «reeducar» a los jóvenes para que tengan «una segunda oportunidad».

Para aplicarse, la norma necesitará de la colaboración activa de los ayuntamientos, que deberán adaptar sus ordenanzas a esta nueva ley en los seis meses siguientes a su aprobación. Serán los municipios los órganos competentes para imponer las sanciones leves (las graves corresponden a la propia Junta y las muy graves a la Policía Nacional y Guardia Civil) y se dará a sus cuerpos de seguridad competencias para inspeccionar sin previo aviso los locales que vendan alcohol.

Según explicó Gil Rosiña, esta ley nace de un amplio proceso de participación «de abajo a arriba» en el que se han tenido en cuenta al Colegio de Educadores Sociales, la Federación de Municipios y Provincias (Fempex), el Consejo de la Juventud o los ayuntamientos de las principales ciudades extremeñas, que desde hace meses vienen practicando ya una política activa de control para evitar el consumo de alcohol en la calle.

TRAMITACIÓN / La nueva norma, Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Personas Menores de Edad, recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno y ahora será registrada en la Asamblea para su tramitación. Viene a sustituir a la Ley de Convivencia y Ocio del 2003, que se ha quedado «obsoleta» según la portavoz. No obstante, sí se mantendrá la existencia y funciones del Consejo de la Convivencia y el Ocio, órgano que será el encargado de elaborar un plan de sensibilización contra el consumo de alcohol para un período de cuatro años, además de redactar los informes de seguimiento.

Los cuatro grupos parlamentarios valoraron de forma positiva la tramitación de esta ley, pues aborda «un grave problema» al que hay que poner coto. Para el PP, no obstante, el texto llega tarde, pues fue una de las medidas que el PSOE se comprometió a poner en marcha en seis meses.