Más castigo para las infracciones sanitarias. La Ley de Salud Pública de Extremadura endurece las sanciones fijadas hasta el momento en la Ley de Salud de Extremadura, con multas de hasta 1,2 millones de euros para las muy graves. Así, fija multas de 1.000 hasta 6.000 euros para las infracciones leves (actualmente oscilan de 600 a 3.000); de 6.000 a 85.000 euros para las graves (las vigentes van de 3.000 a 15.000); y de 85.000 hasta 1.200.000 euros para las muy graves (ahora la sanción máxima es de 600.000 euros), pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. Se consideran infracciones muy graves, entre otras cuestiones, la preparación, distribución, suministro o venta de alimentos o bebidas que contengan gérmenes, sustancias químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre; la promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado; el desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello. Además, la Junta podrá acordar, el cierre del establecimiento o servicio hasta cinco años.

Otra cuestión que contempla la nueva normativa es que la Consejería de Sanidad podrá delegar o transferir funciones en salud pública a los ayuntamientos, que contarán con los recursos adecuados para ello, y que podrán imponer multas, por infracciones cometidas en su territorio y dentro de su ámbito competencial, de hasta 15.000 euros.

La Ley de Salud Pública, que deberá pasar ahora al pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva, pretende "incrementar los niveles de salud de los ciudadanos con criterios de calidad y seguridad", según explicó ayer las consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, que presentó la normativa junto al director del SES, Ceciliano Franco; y el director de Salud Pública, Clarencio Cebrián. La ley se desarrollará durante la próxima legislatura "y establece la hoja de ruta para hacer una gestión más eficaz y continuada de los recursos", comentó. La nueva normativa, contempla la creación en el plazo de dos años tras su entrada en vigor de una Oficina Extremeña de Seguridad Alimentaria y, en el primer año de vigencia, se debe poner en marcha el Consejo Regional de Pacientes de Extremadura, un foro de participación en el que estarán presentes la Junta y las asociaciones de pacientes de la región para exponer los problemas e inquietudes que tengan en cada momento.

COOPERACION CON PORTUGAL Además, otros aspectos novedosos son la organización de un sistema de respuestas a las alertas y emergencias en salud pública, planes marco de salud alimentaria y ambiental que deben ponerse en marcha en los dos primeros años de la normativa, y medidas para la seguridad del paciente, aunque cada uno de estos aspectos debe ser objeto de desarrollo normativo. Asimismo, destaca también la intención de incrementar la cooperación transfronteriza con Portugal en materia de salud pública.

Mejuto indicó que la normativa va a "impregnar de forma transversal a todas las políticas de las distintas administraciones implicadas en materia de salud", facilita la participación de los ciudadanos "para conseguir el máximo nivel de salud de la población", y aseguró que se aprueba ahora porque "es el momento de abordar todas las cuestiones relacionadas con la salud y la prevención de la enfermedad", una vez, dijo, que ya se ha consolidado el sistema sanitario tras asumir las competencias sanitarias en el año 2002.